La Ley de la Eutanasia es uno de los cambios de mayor impacto legislativo, social y sanitario de los últimos años en España. Esperada por unos y rechazada por otros, fue aprobada el 25 de marzo pasado por el Congreso nacional. Es decir que la eutanasia ya es legal. Pero en Andalucía todavía no se ha aplicado.

La Junta asegura que la Comisión de Garantías encargada de velar en ese proceso “ya está funcionando”, aunque no facilita dato sobre el número de peticiones presentadas por personas que quieran acogerse a este derecho. Por su parte, la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) precisa que tiene siete solicitudes de Málaga y denuncia “trabas” para el ejercicio de este derecho.

La comisión quedó constituida hace dos meses. Ese era uno de los requisitos que faltaba para que la ley pudiera empezar a aplicarse. El otro era el reglamento interno de funcionamiento de este órgano, que también está hecho. Es decir que ya están solventados los dos aspectos que quedaban pendientes para que quienes reúnan los requisitos y quieran ejercer este derecho puedan hacerlo.

DMDcifra en una quincena las solicitudes en toda Andalucía, de las cuales la mitad corresponden a Málaga. Se trata de tres pacientes que padecen un cáncer terminal, dos con esclerosis lateral amiotrófica, uno con una tetraplejia desde hace unos 15 años y otro con una insuficiencia renal que le obliga a diálisis permanente.

La única información que facilita la Junta de Andalucía sobre este asunto es que la Comisión de Garantías “ya está funcionando”.

La asociación DMD, sin embargo, se queja de las demoras en esta comunidad autónoma. Recuerda que el decreto para concretar aspectos de la ley debería haber salido a finales de junio, pero que en Andalucía no de dictó hasta noviembre; lo que supone unos cinco meses de retraso.

“En Andalucía gobiernan los partidos que votaron en contra de la ley. Aquí no dicen que no, pero están dilatando su aplicación y poniendo traba. Y ya es ley de obligado cumplimiento”, esgrime la presidenta de DMD, Isabel Torres. El texto legal contó en las Cortes con el voto afirmativo de PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV y el rechazo, entre otros, de PPy Vox.

DMD dice que debe ser válida la voluntad de eutanasia expresada en el testamento vital

Torres insistió en que más allá de la ideología que tengan los sanitarios, dado que ya la eutanasia es legal, “deben respetar las decisiones de cada uno y la forma en que cada persona quiere morir”.

Desde la asociación se apunta “otra traba” que pone Andalucía que en el resto del Estado no se da: la comunidad autónoma no reconoce la voluntad expresada por muchas personas en su testamento vital de acogerse a la eutanasia el día que fuera legal. Y ya lo es.

“En todo el Estado esa observación es válida, menos en Andalucía”, aseguró Torres. El problema, según la presidenta de DMD, es que muchas personas que hicieron ese documento hace tiempo ahora –sea por deterioro cognitivo o por otras razones– no están en condiciones de rehacerlo. “Pero tiene que ser válido porque se expresó como voluntad ante un funcionario que recogió ese testamento vital”, reclamó Torres.

La ley es muy garantista. Contempla el derecho a la eutanasia para aquella persona que sufra un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o padezca una enfermedad grave e incurable, en ambos casos causante de un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable. España es el sexto país del mundo que la regula.

El solicitante debe pedirlo a su médico de referencia y ratificar su intención a los 15 días. Este profesional debe acudir a un facultativo consultor, que tiene que ser especialista en la enfermedad que padece el paciente, pero no formar parte de su equipo médico. Una vez que tiene su visto bueno, el tema debe ser debatido en la Comisión de Garantías que puede aceptar o rechazar la petición.

Según Torres –que criticó la “falta de transparencia” en este asunto de la Administración autonómica– en Andalucía “todavía no se ha resuelto ninguna solicitud”. Por más que la asociación hable de siete casos en Málaga, los que realmente cuentan son los que lleguen a la Comisión que es la que puede aprobarlo. Pero según DMD, los pacientes están encontrando muchas dificultades para ejercer este derecho.