Las comunidades de vecinos ahorrarán 600.000 euros al eliminar la tasa judicial

Los morosos en las comunidades de vecinos lo van a tener ahora más difícil a la hora de realizar impagos, pues tienen muchas opciones de que su caso acabe en un juzgado y lo pierdan, con todo lo que ello les pueda acarrear. La causa es que las comunidades de vecinos ya no tendrán que pagar tasas judiciales a la hora de demandar a algún inquilino que no haga frente a su responsabilidad, por lo que tienen más armas para luchar contra ellos. Hasta ahora, las comunidades debían pagar las tasas y eso suponía un coste de unos 600.000 euros en la provincia de Málaga que los propietarios podrán dedicar a otras funciones, según las estimaciones realizadas a este diario por el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

El pasado 1 de marzo quedó derogada parcialmente la conocida como Ley de Tasas que impulsó el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Exime del pago a las personas físicas, pero no a las jurídicas, es decir, a las empresas y autónomos. Las comunidades de propietarios estaban en el limbo, porque no quedaba claro si pertenecían a un estamento o al otro. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas reclamaba desde hacía tiempo la eliminación de las tasas porque aseguraba que eso reducía las posibilidades de demandar a los morosos e hizo una consulta a la Agencia Tributaria. La Dirección General de Tributos respondió hace unos días que las comunidades de propietarios son personas físicas y, por tanto, no tienen que abonar nada. El ahorro en el conjunto español es, según este colectivo, de unos 15 millones de euros, mientras que en Málaga representaría los 600.000 euros mencionados.

El presidente del Colegio en Málaga, Fernando Pastor, se ha mostrado "satisfecho" por esa decisión de la Agencia Tributaria y asegura que a partir de ahora "habrá un crecimiento fuerte de demandas contra los morosos en Málaga". En este sentido, este experto afirma que, según varios estudios, cerca del 80% de los procedimientos civiles están ligados de una forma u otra al sector inmobiliario y a las comunidades de vecinos, con asuntos tales como las reclamaciones de cuotas, las denuncias entre inquilinos, cierres de terrazas, vicios constructivos, etcétera.

El Ministerio de Justicia empezó a cobrar las tasas el 1 de enero de 2013. Pastor explica que desde esa fecha hasta ahora, las comunidades solo tenían que abonar la tasa si la demanda superaba los 2.000 euros en primera instancia, algo que consideraba "razonable". No obstante, "si perdías el juicio, para ir en segunda instancia a la Audiencia sí salía muy caro y no merecía la pena porque era más costoso todo el proceso que la cantidad que se reclamaba", comenta. "La exención de las tasas judiciales para las comunidades de propietarios era un objetivo muy demandado por los administradores de fincas colegiados, sabedores de que no se iniciaba un procedimiento judicial, en bastantes ocasiones, por la dificultad de hacer frente a las tasas", añade Salvador Díez, presidente del Consejo nacional.

Esta medida llega en buen momento ya que la morosidad sigue creciendo en las comunidades de vecinos a un ritmo vertiginoso. Pastor lo cifra en un avance de entre el 15 y el 20% pese a que, en teoría, ya ha pasado lo peor de la crisis económica. Traducido a euros, los gestores administrativos estiman que la deuda en las comunidades en la provincia de Málaga roza los 90 millones de euros.

Hay dos tipos de morosos: el que no puede pagar la cuota de la comunidad porque no puede y el que no paga porque no quiere. Con los primeros suele haber más comprensión, pues se entiende que en cuanto mejoren su situación económica harán frente a su responsabilidad como vecino. No obstante, ese nivel de entendimiento suele ir reduciéndose con el paso de los meses e incluso años. El segundo caso es el del moroso profesional, que se da sobre todo entre aquellos que viven de alquiler. La empresa Alquiler Seguro presentó a comienzos de este mes un estudio en Málaga en el que señalaba que la morosidad en el alquiler de viviendas, locales o naves había aumentado un 21,4% en la provincia entre 2013 y 2014, seis puntos más que la media andaluza y nacional. También indicaba que el importe medio de impago por arrendamiento es de unos 7.300 euros.

El moroso profesional suele alquilar viviendas bien situadas y son reincidentes, ya que saben que con el atasco judicial pueden estar hasta un año y medio esperando la orden de desahucio.