La lentitud judicial eleva los morosos ‘profesionales’ en las comunidades
Sociedad
Solo el 23% de los vecinos no abonan las cuotas por problemas económicos. La deuda de propietarios fue de 57,8 millones de euros el año pasado, un 4% menos
Los propietarios de inmuebles en la provincia de Málaga debían a finales del año pasado 57,8 millones de euros a sus respectivas comunidades de vecinos y la mayoría no pagan las cuotas porque no quieren. De hecho, según las estadísticas del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, solo el 23% de los morosos no abona la mensualidad porque tiene realmente problemas económicos. En el resto hay tres perfiles. El más abundante, con un 42%, es el que suelen llamar el moroso profesional, es decir, aquel que tiene dinero pero no paga porque no le apetece y se cobija en la lentitud judicial. En segundo lugar, con el 19%, están los bancos que se han quedado con viviendas, trasteros, garajes, oficinas o locales de empresas quebradas y que tampoco ingresan el dinero de la comunidad, bien por desinterés o bien porque tienen un caos de gestión de sus activos. El tercer perfil es el que denominan deudor ausente, con un 12%. Suelen ser personas que han fallecido, extranjeros o de otras provincias españolas que han abandonado sus casas al no poder pagar la hipoteca y que están ilocalizables, o familias que están pendientes de liquidar herencias y, mientras se dirime de quién es la propiedad, nadie paga nada. En este último aspecto, Fernando Pastor, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, señaló que han firmado un convenio con un bufete de abogados especializado en la búsqueda de herederos “y pensamos que mejorará el cobro”.
Hay morosos en el 38% de las comunidades y, en líneas generales, la deuda total está disminuyendo y la existente en 2017 fue la menor desde 2012, la fecha en la que este colegio profesional empezó a hacer informes sobre la materia. Ese descenso, según Pastor, se debe principalmente a tres factores. El primero es que se están vendiendo más viviendas y los propietarios se ponen al día para poder obtener el certificado de deuda y vender sin problema el inmueble. El segundo es que los bancos están teniendo “un cambio de actitud” y están siendo “mejores pagadores por imagen”, por lo que han reducido su deuda un 7% en el último año. El tercero es la mejoría de la situación económica. La costa occidental acapara el 47% de la morosidad, la Axarquía un 24%, la capital un 22% y el resto un 7%.
Los morosos profesionales, sin embargo, van al alza. “Es la deuda más insistente”, comentó Luis Camuña, vicepresidente del colegio. El problema, desgranó Pastor, “es que la justicia está colapsada, es lenta y se tarda un año y medio para conseguir un embargo en un juzgado para un moroso español y localizado y hasta cuatro años si el propietario no tiene bienes y es difícil de encontrar”. El Consejo General de Administradores de Fincas reclama reformar la Ley de Propiedad Horizontal y para ello propone establecer un interés del dinero superior al legal; reclamar al comprador de un inmueble toda la deuda existente del año en curso y de los cuatro años anteriores; y que el comprador exija al vendedor el certificado de deudas con la comunidad para saber si hay cargas.
“En verano es cuando hay más problemas con los pisos turísticos”
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Fernando Pastor, indicó ayer que “el principal problema de las viviendas de uso turístico no es la morosidad, sino la convivencia” y precisó que “el principal problema viene ahora en verano, sobre todo en la costa, porque hay apartamentos pequeños en los que se meten hasta el triple de personas de su capacidad, hacen fiestas en la piscina, ruido y se generan los problemas”. Pastor denunció que las Administraciones Públicas “se están echando la patata una a otra” sobre este asunto y explicó que, al haberse eliminado este tipo de alquileres de la Ley de Arrendamientos Urbanos, “la única arma que ofrece la Ley de Propiedad Horizontal es modificar los estatutos para impedir que haya viviendas turísticas, pero es imposible aprobarlo porque se necesita unanimidad y con que haya un solo vecino que quiere alquilar su casa lo veta”. En este sentido, Pastor denunció que “dejarle la responsabilidad sobre las viviendas de uso turístico a las comunidades de vecinos es un brindis al sol” y subrayó que las instituciones públicas de cada comunidad no están aportando soluciones. “Cada autonomía hace lo que quiere y van por ocurrencias, como permitir viviendas solo en una primera planta o cerca de aeropuertos”, añadió. Pastor dijo que han pedido a la Junta de Andalucía que el administrador tenga la potestad de llamar a la policía para solicitar el desalojo de un cliente si causa follón, como ocurre en los hoteles.
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