Los errores de la Junta de Andalucía en la tramitación y desarrollo del proyecto del Metro de Málaga salen a relucir. Y lo hacen con la realidad de los hechos. La Consejería de Obras Públicas acaba de modificar al completo en apenas tres meses el procedimiento seleccionado para la adjudicación e impulso de los trabajos constructivos de las líneas 1 y 2 del suburbano, que tomaba como referencia la concesión a empresas privadas de la construcción y explotación comercial de ambos ramales. Ahora, sin embargo, da marcha atrás y decide asumir el 60 por ciento del trazado del Metro a Teatinos, fundamental para la puesta en funcionamiento del ferrocarril urbano.

La situación a fecha de hoy es que la Administración autonómica ha decidido retirarle a la unión temporal de empresas (UTE), encabezada por FCC, la mayor parte de los trabajos constructivos de la línea 1, que tiene una longitud de 10,4 kilómetros. Tres de los cinco tajos, con algo más de seis kilómetros de longitud, van a ser impulsados de manera directa por la Junta, dejando sólo en manos de la parte privada la fase del recorrido entre Renfe y la Universidad, apenas cuatro kilómetros.

Este hecho pone en evidencia, según algunas fuentes consultadas por este periódico, la asunción por parte del Gobierno autonómico de los fallos cometidos en el Metro malagueño. La propia consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, admitió hace unas semanas los enormes problemas derivados de la concesión privada, aunque justificó la fórmula adoptada por su departamento en julio de 2004 en la negativa del Gobierno central, entonces dirigido por el PP, a concretar su apoyo financiero al proyecto malagueño.

Sea como fuere, el contexto actual pone en evidencia la actuación de la Junta, que ha tratado de dar marcha atrás en buena parte de los planteamientos originales. No sólo en lo que se refiere al desarrollo de las obras, sino también en el propio diseño constructivo. En este sentido, cabe recordar los numerosos cambios incluidos en los proyectos al objeto de garantizar, entre otros aspectos, escaleras eléctricas para el acceso a las estaciones o la inclusión de andenes centrales en la zona de Carretera de Cádiz, elementos que mejoran sustancialmente el servicio al ciudadano.

Sin embargo, la fase que mayores dudas despierta en la intervención de la Junta es la más cercana en el tiempo, que ha llevado a los responsables de Ferrocarriles Andaluces a negociar con la adjudicataria el contenido de los proyectos del ramal a Teatinos, en los que los socios privados elevaban el coste de la infraestructura casi un 110 por ciento respecto al precio por el que se contrataron los trabajos.

La cuantía propuesta, de unos 760 millones de euros (incluyendo las líneas 1 y 2) fue rechazada de plano por Obras Públicas. Durante el último año ambas partes han mantenido numerosos encuentros al objeto de acordar una solución que desbloquee la obra. El resultado hace que las empresas constructoras sólo vayan a encargarse de dos de los cinco tajos en los que se divide la línea: Renfe-Juan XXIII y Juan XXIII-Doctor Domínguez. Los tres restantes, La Malagueta-Guadalmedina, Guadalmedina-Renfe y Doctor Domínguez-Asperones son asumidos por la Junta.

A pesar de ello, el preacuerdo alcanzado, y avanzado por este periódico el pasado 23 de noviembre, garantiza a la concesionaria ejecutar obras al menos por el precio por el que se le adjudicaron las actuaciones, unos 342 millones de euros. Una cuantía que podría sufrir una variación de hasta un 20 por ciento, debido a las adaptaciones sufridas en los proyectos. De acuerdo con estos cálculos, quitando los más de cien millones que cuesta la infraestructura de la línea 2 (La Malagueta-Martín Carpena), ya en obras, todo indica que la parte del ramal a Teatinos que construirán los privados tendrá un presupuesto de cerca de doscientos millones.