El fiscal concreta en 11 las estafas en la residencia de Alhaurín de la Torre

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La Fiscalía concretó ayer en 11 las presuntas estafas que cometió entre 2002 y 2005 Concepción Barrabino, directora de la residencia de ancianos Nuestra Señora de Gracia, de Alhaurín de la Torre. En el informe final, el Ministerio Público indicó que 11 residentes fueron "desposeídos sin su conocimiento de bienes y cuentas", al tiempo que resaltó el modus operandi de la acusada que comenzaba captando a mayores solos y sin familiares próximos para que ingresaran en el centro, donde les hacía firmar un contrato con 25 cláusulas que contenía, entre otros aspectos, puntos relacionados con la cesión de sus propiedades. Además, con diferentes excusas se quedaba en depósito con llaves y documentación.

A partir de ahí los ancianos eran "dopados", según el fiscal, que hizo alusión a las declaraciones efectuadas por los empleados del geriátrico durante el juicio.

Una vez concluido ese primer paso, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, la acusada "engañaba" a los residentes y haciéndoles creer que iba a tramitar ayudas de la Junta de Andalucía les hacía firmar documentos que, en realidad, eran poderes notariales que la facultaban para vender sus propiedades y gestionar sus ahorros. Después vendía los pisos.

El fiscal resaltó la cuantía del capital presuntamente estafado, que siguiendo la tasación de la Guardia Civil estimó en 600.000 euros, el carácter "abyecto" de lo sucedido y la gravedad de los medios empleados para modificar sus conclusiones iniciales y exigir al tribunal la máxima condena que se puede imponer por un delito de estafa con carácter continuado: ocho años y cuatro meses de prisión. Antes había solicitado siete años y medio de prisión. También reclamó una multa de 22 meses con una cuota diaria de 12 euros, además de una indemnización por la vía civil a los perjudicados.

Entre los casos que resaltó el fiscal figura el de María Bravo, una anciana que cuatro días antes de morir firmó en presencia de dos testigos un nuevo testamento en el que legaba a Concepción Barrabino su vivienda. Sin embargo, uno de esos testigos declaró en la vista oral que no recordaba haber firmado y otro reconoció que no leyó el documento. Ambos coincidieron en precisar que la testadora no estaba presente.

El fiscal, en cambio, sí mantuvo la calificación inicial de cinco años de prisión y 14 meses de multa para David Sánchez, hijo de la directora del geriátrico, al entender que participó en uno de los hechos al comprar una de las viviendas de los ancianos por 42.000 euros, cantidad que supuestamente nunca entregó.

Una de las particularidades de este asunto reside en que aún cuando el tribunal estime nulos los poderes notariales que se otorgaron a Concepción Barrabino la mayoría de las viviendas serán irrecuperables por haber sido compradas de buena fe por terceras personas ajenas a lo que podía ocurrir en la residencia.