El contable tilda de "batiburrillo" la principal prueba de Malaya

El caso Malaya difícilmente se podrá sostener si se socava la verosimilitud de los denominados papeles de Maras, la documentación hallada por la Policía el 29 de marzo de 2006 durante un registro en la sociedad Maras Asesores en la que supuestamente se recogían los pagos que hacían los promotores en Marbella a Juan Antonio Roca y los sobornos que éste pagaba a los concejales del equipo de gobierno para que resolvieran el urbanismo de acuerdo con sus intereses. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha llegado a calificar de "ganga" el descubrimiento de estos archivos porque desde su punto de vista son expresivos del funcionamiento de la trama de corrupción. Por eso, el crédito de estos documentos está en el punto de mira.

El supuesto autor material de los papeles de Maras es el contable y licenciado en Derecho Salvador Gardoqui. Ayer dijo que él se había limitado a transcribir unas notas que Juan Antonio Roca le dictaba periódicamente, pero que, en primer lugar, no sabía a qué se referían y, en segundo lugar, dudaba de que se tratara de una contabilidad. Afirmó que más bien era "un batiburrillo".

El fiscal le instó a aclarar, entre otros asuntos, a qué se refería una anotación en la que figuraba la fecha 22 de enero de 2004, el nombre Aifos y la cifra 180.300. El acusado únicamente precisó que puso "lo que me dijo Roca" y que no sabía qué era Aifos ni si el número aludía o no a dinero. Tampoco pudo aportar ninguna explicación de los acrónimos que aparecen en esos documentos, como las siglas M. Y., que supuestamente coinciden con las de la entonces alcaldesa Marisol Yagüe, o las de I. G. M., que podrían responder a la identidad de la teniente su alcalde Isabel García Marcos. "De los archivos Excel yo no tenía ni idea. Me limitaba a poner lo que me dictaba", "me reunía con él, me decía los números y yo los anotaba", puntualizó. "Ni él me dio nunca una explicación ni yo se la pedí".

Las reiteradas negativas del procesado provocaron la intervención del presidente del tribunal, el magistrado José Godino, para preguntarle qué pensaba qué eran esos archivos, porque alguna opinión debía tener sobre todo dada su calidad de licenciado en Derecho y asesor. Gardoqui volvió a su argumento único: "Eran anotaciones personales" de Roca y él "no pedía explicaciones. "Me limitaba a volcar los datos" porque se lo pidió como un favor. Gardoqui y su esposa eran titulares de la sociedad Maras Asesores, las oficinas de la avenida Ricardo Soriano de Marbella en las que se presupone que Juan Antonio Roca tenía su cuartel general desde el que manejaba sus negocios. El acusado precisó ayer que efectivamente él alquiló el local, pero que se trataba de una superficie muy amplia y le cedió al otrora poderoso asesor de urbanismo de Marbella parte de las oficinas.

Él, de acuerdo con su versión, ni siquiera se ocupaba de la llevanza de toda la contabilidad de los negocios de Roca y mucho menos de sus cuentas personales, sino que se ocupaba de dos sociedades de la esposa y de Gracia y Noguera, la entidad que inyectaba dinero en el resto de las empresas del principal acusado en el caso Malaya. También contrató personal que trabajaba en exclusiva para Roca. Sin embargo, él nunca fue su empleado, sino que ejecutaba determinados servicios por los que facturaba 1.000 euros mensuales. Gardoqui, que hoy continuará respondiendo a las preguntas del fiscal Anticorrupción, se aferró a su figura como profesional externo para desvincularse de la actividad de Roca. En su opinión, era "un empresario muy importante" del que desconocía si manejaba fondos de procedencia "lícita o ilícita". "Nunca me dio explicaciones" y "no vi pagos ni nada de eso".

Durante la sesión judicial de ayer también prestó declaración Montserrat Corulla, la directiva que contrató Juan Antonio Roca para que se ocupara de poner en marcha un grupo hotelero que arrancó con dos complejos en Madrid, uno en Murcia y otro en Huelva.

Corulla figuraba como administradora de Condeor, la sociedad del presunto cerebro del caso Malaya a través del que articulaba sus intereses en el negocio de los hoteles. Sin embargo, la procesada matizó que su función se limitaba exclusivamente a las gestiones relacionadas con la rehabilitación de los edificios, búsqueda de operadores especializados que desarrollaran la actividad y en algunos casos la negociación de préstamos hipotecarios para acometer obras.

En este sentido se desvinculó de la gestión de las sociedades, su gestión financiera y contabilidad, que desarrollaba el abogado y acusado Manuel Sánchez Zubizarreta. Tampoco se ocupó de indagar en el origen de los fondos utilizados para comprar los edificios o que llegaban para abordar la gestión, como 3 millones de euros procedentes de Suiza que, bajo la forma de préstamo, se invirtieron en la rehabilitación del palacio de Villagonzalo en Madrid.

"En esa época la financiación bancaria externa casi llegó a los 45 millones, también había muchos préstamos del propio grupo y alguna operación mercantil", pero ella, en su calidad de administradora, se ocupaba sólo de los actos formales, o sea acudir a las notarías y firmar documentos. Es más, en la mayoría de las ocasiones cuando estampaba su firma en un contrato ni siquiera lo había rubricado la otra parte.

Corulla negó de facto que aún cuando figurara como administradora de sociedades ejerciera de testaferro de Roca, porque, según dijo, "jamás" ocultó quién era el verdadero titular de los negocios. Tanto es así que subrayó que el ex asesor de urbanismo de Marbella solía ir cada dos semanas a las obras de rehabilitación del palacio de Villagonzalo y tanto los proveedores como los operadores con los que contactaba estaban al tanto de la verdadera identidad del titular de esos negocios. Por eso cree que si ahora esas personas han negado que supieran de la existencia de Roca en esas empresas "supongo que será por miedo a verse relacionados con este señor dada la magnitud del procedimiento". La Fiscalía Anticorrupción reclama tanto para Montserrat Corulla como para Salvador Gardoqui cuatro años de prisión y 100 millones de multa por un presunto delito de blanqueo de capitales con carácter continuado.