Las corralas malagueñas han denunciado al Gobierno español ante la ONU la vulneración de los derechos humanos de los menores que las integran. La demanda se remonta al desahucio de la corrala Buena Ventura, cuando el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía incumplieron, destacaron desde el colectivo, el acuerdo al que habían llegado con las familias para ser realojados.

El pasado mes de marzo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga desestimó la demanda por vulneración de Derechos Fundamentales de los menores "sin entrar en el fondo del asunto" alegando motivos formales. En el recurso presentado ante la Audiencia de Málaga advertia que, ante la imposibilidad de censar a algunos menores y el final del periodo de escolarización, no nos quedaba más remedio que denunciar a nuestro propio país por violar Derechos Humanos de sus propios niños.

El colectivo asegura haber adjuntado en la demanda el informe de la psicóloga María José Torres Gómez, en el que explica las secuelas del shock post traumático que sufren los niños tras varios desahucios. Asimismo, destaca que el Ayuntamiento de Torremolinos "se niega a empadronar a todos los niños, a los que se les ha negado la asistencia sanitaria en urgencias, pidiéndoles 50 euros por antender a un bebé que sufría una neumonía".