La Fiscalía de Málaga reclama que se solicite la extradición del concejal prófugo del caso Malaya, Carlos Fernández, para ser juzgado por la corrupción político urbanística que tuvo lugar en Marbella durante el último gobierno del GIL. El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, precisa en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que fue procesado por cohecho en el caso Malaya, para el que el Código Penal aplicable en la época preveía penas de entre dos y seis años de cárcel y de siete a 12 años de inhabilitación, por lo que no prescribe hasta pasados 15 años.

Carlos Fernández, de acuerdo con el auto de procesamiento que dictó el juez instructor del caso Malaya recibió 150.000 euros en sobornos. El primer pago del que quedó constancia en la documentación intervenida al asesor de urbanismo del GIL y cerebro de Malaya, Juan Antonio Roca, tuvo lugar el 13 de octubre de 2004. Después recibió otro el 20 de diciembre de ese año y un tercero el 22 de febrero de 2005. El último se registró en abril de 200 y ascendía a 24.000 euros.

La Fiscalía pide al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que instruyó el caso Malaya, que inste al Gobierno a solicitar la extradición de Carlos Fernández para ser juzgado por esta causa porque los hechos no han prescrito. Sí han caducado, en cambio, los establecidos en la condena de dos años de prisión y tres de inhabilitación que la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga le impuso al concejal prófugo por malversación de dinero público. En este caso, la prescripción sobrevino cinco años después de que la sentencia se declarara firme, en septiembre de 2007.

Otras causas

Respecto al resto de causas, la mayoría por delitos de prevaricación urbanística, que tenía Fernández cuando se fugó, unas diez, la Fiscalía ha recibido la documentación de los juzgados marbellíes correspondientes y está analizándola para determinar su prescripción o no. De momento ya ha pedido en dos de ellas que el juzgado correspondiente proponga al Gobierno que solicite la extradición. En ambos procedimientos, iniciados por delitos contra la ordenación del territorio, para la Fiscalía no ha pasado el tiempo de prescripción, considerando que ese plazo es de diez años al llevar ese tipo delictivo aparejada una pena de inhabilitación de hasta diez años.

En uno de ellos, que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, se dictó auto de apertura de juicio oral por un delito contra la ordenación del territorio y hubo escrito de acusación en marzo de 2009, decretándose la rebeldía al no poder encontrarlo en mayo de 2010, fecha desde la que habría que contar el plazo para el fiscal.

En el otro caso, también por ordenación del territorio y que está en Instrucción 3, se acordó la detención en mayo de 2009 y se decretó la rebeldía en diciembre de ese año.