El 'crack' de la política de alquiler

Primeros meses del año 2005. La Junta de Andalucía, ante la necesidad de dar respuesta al difícil acceso a una vivienda a la que se enfrentaban en pleno boom inmobiliario miles de familias y jóvenes de la región, impulsa una herramienta con la que allanar el escenario: el Plan de Fomento al Alquiler. La iniciativa, casi seis años después, hace crack no por la falta de interés en la iniciativa sino, muy al contrario, por el éxito enorme de la misma. En este lustro, las previsiones de la Consejería de Obras Públicas con respecto a las solicitudes han saltado por los aires y, según los propios responsables autonómicos, se ha multiplicado por cinco.

Esta circunstancia ha derivado en que se acumulen cientos de expedientes impagados por parte de la Administración regional a los tres actores protagonistas del plan: los propietarios de los inmuebles a arrendar, que iban a recibir 6.000 euros por poner el piso en el mercado de alquiler por un periodo de cinco años; los inquilinos, que pueden beneficiarse de una ayuda mensual de unos 240 euros en un máximo de dos años, y las agencias que debían servir a modo de mediadores.

Son estas últimas, precisamente, las que acaban de poner el grito en el cielo ante la situación de "desamparo" en la que dicen encontrarse. Ayer mismo, representantes a nivel regional del colectivo mantuvieron un encuentro con Obras Públicas después de que hayan denunciado el débito por parte de la Junta de unos 45 millones, incluyendo en la cuantía a los dueños de los inmuebles. La representante en la provincia de esta asociación, Lola Navarro, señaló que en la provincia el débito puede cifrarse en más de 10 millones.

Este periódico recabó ayer la opinión de los responsables de varias de las agencias que aún trabajan en esta vía y que, según admitió el propio delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez, ha descendido de manera sustancial en los últimos años, pasando de unas 50 homologadas a 16.

"En estos años hemos podido tramitar entre 200 y 300 expedientes de alquiler", cuenta Antonio Díaz, de Exclusivas Miramar, quien cifra el dinero que se le debe en algo más de 100.000 euros. Él es uno de los que está llamado hoy a participar en una concentración que tendrá lugar ante las puertas de la Delegación de Obras Públicas y con la que el sector quiere poner de manifiesto su malestar con la situación.

Una concentración que está siendo convocada con carteles en las puertas de algunas de las agencias afectadas, en las que se lee: "Manifestación: ¡¡¡¡Únete!!!! Basta ya de guardar silencio! La Junta de Andalucía no paga las subvenciones al alquiler. Propietarios, inquilinos y Agencias de Fomento del Alquiler, vayamos todos juntos el día 23 de Febrero. Y exijamos lo que nos deben. Que sepa la opinión pública lo que se está haciendo con nosotros".

Juan Carlos Corral es responsable de la agencia Cuevas y Corral. "Hemos calculado unos 232.000 euros de deuda de la Junta en la tramitación de expedientes que hemos realizado en casi cuatro años", expone con contundencia. La suya, como la de otros muchos profesionales, ha sido una experiencia "muy mala, porque ha habido ayudas que nunca han llegado". "Ha sido, además, un camino tortuoso porque cada dos por tres han cambiado la normativa; incluso, cuando hemos llamado a la Junta para que nos aclarasen ciertas dudas, ni ellos mismos sabían bien qué decirnos", apostilla.

La complejidad administrativa ha traído consigo, apunta, que ciertas subvenciones no se hayan percibido. En este sentido, Corral señala que muchos de los contratos de los inquilinos que se han tramitado se corresponden con personas que "no han aguantado los dos años que se fijan" en la normativa, sin que haya existido un seguimiento adecuado por parte de los técnicos de Obras Públicas, que directamente han procedido a las cancelaciones de las ayudas. A este respecto, el texto legal es claro: "Los inquilinos podrán recibir una ayuda del 40% de la renta anual satisfecha, con un tope de 2.880 euros al año durante un máximo de dos años".

Uno de los escollos con los que se topan las agencias, según explica Carmen Gutiérrez, de Toré, es que el ingreso de las subvenciones está condicionada a que previamente las perciban los inquilinos y los propietarios, una circunstancia que ha lastrado el proceso. "Como agencia no hemos cobrado ayudas en los casi tres años que llevamos funcionando con este plan", explica, al tiempo que cifra la deuda en unos 25.000 euros. Ello sin contar lo que no se ha abonado a los propietarios que, conforme al plan autonómico, pueden recibir hasta 6.000 euros en ayuda por ofrecer su vivienda en arrendamiento durante cinco años.

"Pero nosotros, entre comillas, somos afortunados porque seguimos trabajando en el sector pero hay muchas agencias que han tenido que cerrar", expone Carmen, quien sentencia: "Algo que se planteaba como una fórmula para reactivar el sector al final ha tenido un efecto rebote".