Los empresarios de los polígonos industriales de Málaga capital acuden esta semana a Sevilla con el objetivo de clarificar el estado de incertidumbre en el que se encuentra el sector tras darse a conocer la existencia de un estudio autonómico sobre la inundabilidad del río Guadalhorce. La afección del citado documento, que sigue sin tener el visto bueno de los propios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es tal que los responsables de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) alertan de la existencia de operaciones de compra-venta de naves que están frenadas por los interrogantes que la situación actual genera entre los potenciales compradores.

"Tenemos casos en los que no se han hecho operaciones por la incertidumbre generada; los que van a comprar se han frenado porque no saben si podrán actuar o no sobre esos espacios ni las condiciones de los mismos", advirtió ayer Sergio Cuberos, presidente de Apoma, que este jueves acude a la capital andaluza a una reunión informativa con Juan Serrato, director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. A la misma también está convocado Adolfo Moreno, delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga.

Según Cuberos, el escenario en que se mueven los propietarios llega al punto de no poder si quiera impulsar ampliaciones de naves o reformas en las mismas. "Los que estamos en las zonas inundables, con un periodo de retorno de 100 años no podemos más que realizar ciertas adecuaciones y tareas de mantenimiento; es como lo que le pasaba a los chiringuitos", explica Cuberos. Desde la Gerencia de Urbanismo negaron que se estén rechazando la concesión de licencias para este tipo de iniciativas e indicaron que la incidencia del estudio de inundabilidad sí tiene consecuencias sobre modificaciones de uso en el Plan General de Ordenación Urbanística.

Más allá de esta cuestión, el sentido del encuentro de esta semana no es otro que "preguntarle a la Junta si realmente tiene conocimiento de la profundidad del problema", incide Cuberos. El presidente de Apoma señala que a este primer encuentro la comitiva empresarial acude con la necesidad de tener respuesta a dudas como si el polémico estudio "tiene en cuenta medidas correctoras como la ampliación del puente de la Azucarera o la construcción de una pequeña presa en río Grande; quizás con esas dos actuaciones sería suficiente para rebajar el riesgo de inundabilidad del cauce".

Desde la Administración regional confirmaron el encuentro y señalaron que los técnicos competentes están terminando de revisar las alegaciones presentadas. Y señalaron que "la inundabilidad no invalida el desarrollo de sectores urbanos pero requiere actuaciones de defensa para los sectores que permitan este desarrollo sin ningún riesgo". Y es en este punto donde radica los principales interrogantes: cuáles son, cuál es su coste y quién ha de asumir su financiación.

Entre sectores que podrían verse afectados por la huella de inundabilidad del río Guadalhorce está Plaza Mayor. Representantes de la promotora del centro comercial, que proyecta su ampliación, acudieron a Sevilla y mantuvieron un encuentro con responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Fuentes próximas a la reunión indicaron que los promotores aportaron toda la documentación de la que disponen, dado que parte del sector ya fue objeto de los estudios de inundabilidad necesarios por su cercanía al río Guadalhorce. La idea es que la Junta realice una modelización para determinar si existe o no afecacción sobre el terreno.