La investigación por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación afecta a diez empresas de Málaga y los arrestos que se están practicado están relacionados con una convocatoria de ayudas de noviembre de 2010.

Fuentes cercanas al caso han confirmado que con la resolución de la Consejería de Empleo de 4 de noviembre de 2010 se concedieron en Málaga ayudas a treinta empresas pero los investigaciones han detectado irregularidades en diez de ellas.

Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones al estar relacionadas con el control y concesión de las ayudas.

A consecuencia de estas investigaciones, la Policía Nacional ha iniciado una operación en Málaga, Cádiz y Almería denominada 'Edu Costa' en la que tienen previsto realizar entre setenta y noventa detenciones aunque, según las fuentes, previsiblemente la mayoría quedarán en libertad, muchos de ellos con cargos, tras tomarles declaración.

Entre los detenidos de Málaga hay alumnos, profesores y empresarios, y las fuentes han destacado que son arrestos policiales no por orden judicial. Las fuentes también han explicado que de las investigaciones que se están practicando en Andalucía, Málaga es la provincia donde las pesquisas están más avanzadas.

La primera fase de la Operación Edu saltó en abril de 2014 tras hacerse pública una investigación de la UDEF iniciada después de una denuncia de la Seguridad Social.

Esta unidad tras investigar el caso ratificó las supuestas irregularidades que se detectaron, entre ellas falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se le concedió los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia.

Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.

En abril pasado, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en las que se habían detectado irregularidades "numerosas, persistentes y graves".

La Fiscalía afirmó que la gestión de esas ayudas "no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado", abre la puerta a "posibles y habituales irregularidades" y hay "una ausencia de control y seguimiento" del SAE a pesar de las recomendaciones recibidas en 2004.

Las investigaciones en Málaga se centran en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, en dos convocatorias de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de 4 de noviembre y 15 de diciembre de 2010.

Respecto a la convocatoria de 15 de diciembre de 2010 el instructor del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga centra sus pesquisas en 17 empresas y el juez, el pasado mes, dividió el caso en dieciséis piezas separadas, ya que dos de ellas tenían vínculos.

La otra convocatoria de ayudas, de noviembre de 2010, está menos avanzada aunque ya la tiene también el instructor y por esta se deben las detenciones que se están produciendo en Málaga, según las fuentes.