La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el llamado impuesto de la plusvalía municipal -que grava el beneficio obtenido por una transacción inmobiliaria- provocó un terremoto en el Ayuntamiento de la capital, convirtiéndose en el centro de gravedad del debate que se celebrará este viernes con motivo del pleno de octubre. Esta decisión jurídica, de la que hasta la fecha solo se conoce el comunicado emitido por el propio tribunal, ha obligado a los consistorios a repensar los presupuestos para el año 2022 que se encontraban desarrollando. Con estos condicionantes, tanto el PP como el PSOE han presentado sendas mociones para buscar una solución al problema que existe respecto a la financiación. 

Los populares expresaron que tras la resolución de 2017 por el mismo tribunal, en la que se declaraba inconstitucional dos artículos del real decreto, el equipo de gobierno "de forma pionera" dejó de cobrar la plusvalía en los casos de pérdida de valor, liquidando el impuesto pero manteniendo suspendido el cobro. 

Se refirieron a una situación "preocupante por la incertidumbre reinante" debido a la rapidez con la que se han de aprobar unos presupuestos (para que entren en vigor el 1 de enero del 2022) que ahora tienen que ser reconfigurados, sin poder contar con esas ganancias que vertebraban la balanza de beneficios y gastos. En concreto, los ingresos procedentes de la plusvalía rondan los 48 millones de euros del presupuesto total, es decir, el 5,2% de los casi 900 millones que componen el total. 

El concejal de Hacienda, Carlos Conde, se refirió a la inauguración de la convención de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que ha asistido la ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez: "Hemos comprobado las caras de escepticismo de alcaldes, pero más asombroso ha sido que la ministra no ha hecho ninguna observación sobre la plusvalía. A raíz de la pregunta de un periodista, ha dicho que van a esperar a conocer el fallo. Vamos a mostrar nuestro malestar ante el antimunicipalismo del Gobierno de España", criticó. 

Con estos planes, "solo caben medidas a corto y medio plazo: un fondo de compensación que estabilice la merma económica y que permita viabilizar los presupuestos de 2022. Y a medio plazo, reformar la fiscalidad local para que se garantice la prestación de servicios y para que los impuestos se apliquen con principios constitucionales", aseguró. 

En este sentido, hay que recordar que el acuerdo adoptado por el equipo de gobierno en Málaga incluía la reducción de la plusvalía mortis causa un 12% cada año, de manera que en un plazo de 8 años se pudiera llegar a la eliminación del 100%. Sin embargo, estas proyecciones se han visto paralizadas debido a la crisis económica por la pandemia, explicó Conde, quien insistió en que se va a volver a trabajar en ello cuando la "situación lo permita".

Por otro lado, el PSOE, a través de su moción urgente, busca que los partidos que componen el pleno "abandonen las trincheras ideológicas" para encontrar un acuerdo que garantice la constitucionalidad del impuesto y "mejore la financiación de los Ayuntamientos". Además, instan a los partidos que integran el Congreso de los Diputados a que faciliten cuantos acuerdos sean necesarios para garantizar la financiación de las entidades locales de cara a los PGE. 

El portavoz socialista, Daniel Pérez  acusó de “desleal y de falto de palabra” al alcalde, Francisco de la Torre: ": En el momento en el que hemos leído (en los medios) que han finalizado el presupuesto, entendemos que quien ha dado por rota la negociación ha sido el PP de manera unilateral. Deja herida de muerte una posible negociación". 

"No se ha cerrado la negociación. Estábamos en proceso de cerrar el diálogo con los grupos. Ellos nos han mandado su propuesta. La concejala Alicia Murillo recibió una llamada para reunirnos esta semana para la negociación de los flecos finales, eso demuestra que nuestra voluntad sigue ahí, pero no sé la voluntad del PSOE haciendo esta afirmación", alegó el concejal popular, Carlos Conde. 

Desde Ciudadanos piden que el Gobierno de España establezca un mecanismo de compensación para los ayuntamientos, destinado a paliar la pérdida de ingresos por la recaudación del impuesto y que permita que los consistorios puedan elaborar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2022. Del mismo modo, consideran que la plusvalía es un "impuesto injusto y confiscatorio" que debe ser abolido al menos en los casos 'mortis causa'.