La defensa dice que Ballena Blanca se montó de espaldas al Derecho

La defensa del abogado Fernando del Valle cree que el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales se construyó convirtiendo en indicios criminales lo que en realidad son prácticas de uso habitual en el mundo de los negocios. La letrada María Gutiérrez precisó que primero la Policía y después la Fiscalía Anticorrupción montaron este caso de blanqueo de capitales tras constatar comportamientos plenamente amparados por el Derecho Mercantil como las representaciones verbales, la no inscripción de las participaciones en sociedades o los incrementos de capital en esas entidades valiéndose de certificados en momentos en los que las cantidades no estaban disponible en las cuentas. "No sé si es por parcialidad o por ignorancia del Derecho Mercantil", criticó.

En especial aludió a la existencia de un stock de sociedades creadas por el despacho tanto en España como en Delaware (Estados Unidos) y dispuestas para su uso inmediato por el cliente que lo necesitara. La Fiscalía Anticorrupción durante la exposición de su informe final subrayó esta circunstancia como un síntoma inequívoco de que era Fernando del Valle quien sugería a sus clientes la creación de entramados societarios para ocultar la identidad del dueño real de los capitales que se invertían, generalmente en el sector inmobiliario. En este punto la abogada sacó la artillería para dejar claro que ese hecho no encierra ninguna práctica ilegal: recordó que en la página web de la Junta de Andalucía se ofrecen sociedades preconstituidas "a disposición de los interesados".

La letrada arremetió también contra el origen de la investigación. En primer lugar porque entiende que el juez instructor autorizó las escuchas telefónicas que le había pedido la Policía antes incluso de haber concluido la investigación patrimonial de Del Valle y de las personas vinculadas al bufete DVA Abogados.

Además, aseguró que las investigaciones policiales en lugar de circunscribirse a indagaciones en torno a los clientes de DVA señalados en dos comisiones rogatorias solicitadas por autoridades judiciales de Rusia y España, peticiones que originaron esta operación contra el blanqueo, se ampliaron al conjunto de los clientes, dando lugar a registros de las diferentes sedes del despacho de carácter "general y prospectivo". "Se incautaron documentos sin ninguna garantía" y "lo que es peor, nunca se foliaron", remató María Gutiérrez.

El tercer elemento atacado por la defensa de Fernando del Valle fue precisamente la custodia de la documentación intervenida en los registros de DVA: "A día de hoy no hay ninguna garantía de que los documentos que constituyen las piezas de convicción sean los mismos que se intervinieron en DVA y lo mismo sucede con los soportes informáticos".

La abogada volvió a censurar la investigación que dirigió el que en 2005 era titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, el magistrado Miguel Ángel Torres, porque desde su punto de vista "las fuerzas policiales se adueñaron de una instrucción que se hizo de espaldas a los acusados" y, posteriormente, "intentaron adueñarse del plenario". El informe final de la defensa de Fernando del Valle está previsto que concluya hoy.