Diecinueve años después de que iniciase su actividad, Limasa III se encamina a su desaparición formal con la aprobación de las que, previsiblemente, serán sus últimas cuentas anuales. Si bien el consejo de administración de la entidad, con capital mayoritariamente privado, tenía previsto aprobar en los próximos días los números del ejercicio pasado, la actual crisis del coronavirus ha obligado a aplazar la reunión. La documentación oficial incluye una compensación por parte del Ayuntamiento de Málaga de casi 15,5 millones de euros con la que cubrir "el desequilibrio económico financiero". 

Este montante viene a sumarse a los 13 millones ya fijados en 2018 y a los cerca de 12 millones de es decir, en los tres últimos años, la suma global supera los 40 millones. Pero la cuantía se dispara hasta los 130 millones contando desde 2005.

Mediante estas aportaciones se da cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en marzo de 2005, en el que el Consistorio asumió el compromiso de garantizar a la sociedad un "beneficio antes de impuestos" que no podía ser inferior al 2% del total de la facturación. Una compensación que, según informó en su día el gerente de la empresa, Rafael Arjona, no tiene relación co los beneficios, sino con "la diferencia generada por los costes reales de la mano de obra".

O dicho de otro modo, viene a cubrir la diferencia de valor entre la subida salarial que estaba contemplada en el contrato original de Limasa, del IPC, y la que de facto se viene aplicando tras los diferentes acuerdos laborales alcanzados. Conforme a la tesis del gerente, la decisión municipal de validar incrementos salariales por encima del IPC tiene una repercusión de cerca de 130 millones desde 2005.

Conforme a los números totales, la cifra de negocio de la sociedad mixta (51% está en manos privadas y el 49% restantes en manos del Ayuntamiento) se disparó hasta los 103 millones de euros, frente a los 96.170.200 euros del año pasado. De ellos, según la documentación oficial, 87,5 millones se corresponden a objeto principal de la empresa. 

De manera segmentada, 82 millones (4,2 millones más que en 2018) se vinculan directamente a los servicios prestados por la entidad, es decir, la recogida de la basura y la limpieza viaria, los que añadir otros casi 5,5 millones por la venta de subproductos procedentes de la planta de reciclaje.

Pero las cuentas anuales vuelven a recoger un concepto que viene siendo objeto de crítica desde hace años: la asistencia técnica. La misma, según los datos aportados por Limasa, se traduce en 2.435.085 euros (2.269.436 euros en las cuentas de 2018), que se aportan en concepto del 2,5% de la producción del ejercicio facturada al Ayuntamiento.

Del montante global que supone a las arcas municipales el funcionamiento de Limasa, buena parte va a parar al pago de los 1.708 trabajadores (1.381 hombres y 327 mujeres) que de media estuvieron relacionados con la empresa en 2019, cuyos salarios supusieron un gasto de 79,8 millones, 5,3 millones mas que en 2018 y unos 11 millones por encima de 2017. Ello, en buena medida, como consecuencia de los litigios ente la empresa y la plantilla. Por su parte, la remuneración recibida por los miembros del comité de dirección de la empresa fue de 1.111.048 088, levemente superior a la de 2018.