La ejecución de una sentencia por un delito contra la ordenación del territorio es "larga, complicada y tediosa", asegura el fiscal coordinador de Medio Ambiente en la provincia, Juan Calvo Rubio. En la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos, lleva aparejada la demolición de la construcción que se ha levantado, en base a la jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo, y que los jueces de la Audiencia aplican. La medida del derribo se traduce inevitablemente en un intento de retrasar la ejecución por parte del condenado, con la esperanza de evitar perder la vivienda. Por ello, suelen acudir a los altos órganos judiciales solicitando recursos, el indulto o cualquier otra actuación que les ofrezca una mínima oportunidad de salvar la que consideran su propiedad aunque haya sido levantada sobre suelo no urbanizable o protegido. A la demora de la ejecución se suman además los problemas que conlleva que la demolición la realice de manera subsidiaria una Administración, al no asumir la ejecución los propietarios condenados.

Con todos estos datos en contra, cabría esperar unos mínimos en cuanto a demoliciones se refiere en el conjunto de la provincia, que sin embargo van en aumento en los últimos años, como la propia Fiscalía de Medio Ambiente ha podido comprobar. A lo largo de este último año, el Ministerio Fiscal ha podido comprobar 26 demoliciones de construcciones ilegales, un número que podría ser incluso algo superior; teniendo en cuenta que en los juzgados podría haber sentencias sobre las que ya se haya ejecutado la demolición y reste, por ejemplo, el pago de una multa y, que por tanto, no se han comunicado a la Fiscalía aún. Dicho de otro modo, hasta el mes de noviembre se han derrumbado más de dos viviendas ilegales al mes en la provincia como consecuencia de una sentencia firme contra la ordenación del territorio. De hecho, en octubre, concreta el fiscal de Medio Ambiente fueron tres los derribos que constató. Sin embargo, son pocos los que trascienden. El último, precisamente, el pasado mes, cuando un vecino de Mijas intentó impedir la demolición de su casa y acabó detenido.

"Esto demuestra, como no puede ser de otra manera, que las sentencias se acaban ejecutando", explica Juan Calvo, que habla de una progresión en la ejecución de las sentencias desde que personalmente hace un seguimiento de los derribos desde el año 2012. Justo en ese año, la Fiscalía constató únicamente 10 demoliciones de construcciones como consecuencia de una sentencia judicial firme, un dato que en 2013 casi se dobló alcanzando los 18 derribos y que el 2014, sin que haya finalizado el ejercicio, ya se acerca a las tres decenas.

Sin embargo, el número sentencias condenatorias es mucho más alto. A falta de conocer los datos de 2014, los del pasado año revelan alrededor de 100 sentencias condenatorias firmes por delitos contra la ordenación del territorio, según los datos que maneja la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga. En las estadísticas, advierte el fiscal coordinador, los datos hay que analizarlos con cierto recelo, pues no son cifras fiables, como se refleja en la Memoria de la Fiscalía del pasado ejercicio, en la que se reconoce que "el número de sentencias es de mínimos, puesto que el sistema de obtención de datos, con base informática, no permite saber con plena certeza la totalidad de las sentencias dictadas en la materia. Lo cual implica que puede haber sentencias que no se hayan podido incluir en las estadísticas". Tampoco se puede establecer una correlación entre las sentencias dictadas y las ejecutadas, pues estas últimas pueden corresponderse con otros ejercicios anteriores. En cuanto a las absolutorias fueron alrededor de 20 las que se dictaron a lo largo de 2013.