“De las 16.080 personas que han abandonado la lista de espera, el 32,19% lo han hecho como consecuencia del fallecimiento y no por la gestión de la comunidad autónoma”. Es la demoledora conclusión del XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia de Andalucía. Es decir, que un tercio de los dependientes de la comunidad autónoma mueren esperando una prestación o un servicio contemplado en esa ley.

Según este informe, en la región hay 56.534 a la espera de una prestación. En 2020, se atendió a 8.180 nuevos beneficiarios, lo que supuso un incremento del 3,71% respecto al año anterior, en que fueron 8.132. Este organismo considera que “de seguir este ritmo interanual, aún se tardarían 6,9 años en atender la lista de espera”.

La tardanza es tanta a la hora de que los dependientes accedan a un beneficio de la ley que incluso desde el Observatorio y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se alude a la tasa limbo. Estas personas quedan en el limbo cuando tienen reconocido su condición de dependientes y su derecho a una prestación o un servicio, pero están a la espera de que se haga efectivo. “Tienen el derecho, pero de hecho no tienen nada y así se tiran años”, denuncia el representante de la asociación en Andalucía, Manuel Fuentes.

La tasa limbo en la región es de 19,8%, la cuarta peor de España. El año pasado se redujo en 5,3 puntos, en línea con la misma tendencia del resto de las comunidades autónomas. Pero el Observatorio aclara que ese descenso es “probablemente por el efecto combinado de la reducción del número de valoraciones [por lo tanto entraron menos beneficiarios en el sistema en un año difícil debido al confinamiento y las limitaciones de la pandemia] y el alto número de fallecimientos por motivo del Covid 19”.

En palabras de Fuentes, “la comunidad autónoma no puede sacar pecho por la reducción de las listas de espera” porque esa bajada “no es por la gestión autonómica, sino porque hubo un exceso de mortalidad” debido al virus.

La lista de espera bajó en 2020 por el descenso de valoraciones y el aumento de muertes

En la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio o la teleasistencia alcanzan el 62,7% del total de las prestaciones y servicios recibidos por estas personas. Un dato que es el doble de estos mismos aparados en otras regiones españolas. Para Fuentes este no es un buen indicador porque, ejemplifica, 10 horas de ayuda a domicilio al mes para un dependiente “es ínfimo, es devaluar el sistema; es como tener un enfermo grave y darle una aspirina”. Y remata que en Andalucía, “sólo se crece en ayuda a domicilio y teleasistencia que es el low cost” de atención a la dependencia.

El dictamen del Observatorio también estima en 945 millones de euros el quebranto acumulado por los recortes dispuestos en el decreto ley 20/2012 aprobado durante la gestión de Mariano Rajoy en el Gobierno central. “Con ese dinero podría haberse atendido a 160.161 personas dependientes y haberse generado 31.626 puestos de trabajo”, calcula el informe. En resumen, esos millones hubieran sido más que suficientes para dar respuesta a los que están en lista de espera y a los que murieron esperando. La actual Administración central ya ha dado marcha atrás en esos recortes a la dependencia.

Para el Observatorio, las decisiones contenidas en aquel decreto supusieron “medidas inmisericordes” por lo que reclama que “nunca más se repitan restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad”.

Este organismo dependiente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elabora este informe dos veces al año con los datos oficiales. “Se trata de una crítica constructiva para que el sistema mejore”, aclara Fuentes, que destaca que la atención de la dependencia beneficia además a muchas familias de la región ya que genera en la comunidad autónoma 51.000 puestos de trabajo.