"No descartamos ninguna acción judicial, lo barajamos todo"

-¿El proyecto del hotel de Moneo se va a hacer?

-Sin lugar a dudas. La actuación de Ciudadanos en su momento tiró el puzzle que se estaba haciendo de financiación y ahora se está montando otro. Sé que va adelantado.

-¿Qué capacidad real tiene a día de hoy la empresa para afrontar un proyecto de esta envergadura?

-La empresa lo primero que requiere es que se le apruebe el proyecto de urbanización y se le conceda la licencia. A partir de ahí todas las posibilidades son perfectas. Es viable. Si no están el proyecto de urbanización y la licencia es muy difícil que cuaje cualquier tipo de negociación. Sea pública o privada la financiadora va a pedir esos requisitos, porque es un instrumento que exigen la propias normas. Si no, no hay nada.

-Puede hablarse de un antes y un después del Consejo de Urbanismo de julio del año pasado. ¿Qué consecuencias se derivan de aquel consejo, en el que los grupos de la oposición votaron en contra de conceder la licencia y del proyecto de urbanización?

-Cosquillas no le ha hecho al proyecto, pero la empresa es seria y ha optado por intentar montar una nueva financiación que haga viable el proyecto. Piense que de 40 millones que puede suponer la inversión, el 25% ya está cubierta por la propia empresa. Tras la inversión realizada se buscan todas las vías para que el proyecto sea realizable. No llego a entender ese aval caprichoso que impidió que Ciudadanos aprobase el proyecto. Eso está fuera del ordenamiento jurídico. ¿Qué equipo de gobierno va a llevar a aprobar un tema que no fuese legal? Si nos hubiesen aprobado eso ya, seguramente, el Ayuntamiento hubiese cobrado su convenio.

-¿Por qué cree que pasó?

-El problema surgió por el tema de La Mundial, antes nadie se había preocupado por el aval, si se había pagado o no el convenio, y cuando el tema de La Mundial pierde fuelle es cuando dicen que no se ha pagado. Pero es que no se ha pagado porque no se ha facilitado. La empresa ha pagado las tasas de licencias, el 7% que establece la ley y tiene los informes favorables técnicos y jurídicos. ¿Qué problema hay para que no le aprueben el proyecto, que es algo reglado? Si hubiese tenido ese documento podía tener el visto bueno de cualquier financiación. Irresponsablemente se dejó que no se aprobara. El equipo de gobierno no podía hacer nada, aunque es cierto que podía haberlo aprobado antes, cuando tenía mayoría.

-Alude a que se podía haber aprobado antes. Urbanismo no fue particularmente diligente.

-Desde 2012 tenía todos los documentos, todas las cosas. Cierto es que después era necesario que se aprobase el proyecto de reparcelación, pero ya estaban todos los informes favorables y ahí ha estado dándole vueltas.

-¿Por qué?

-Porque en Urbanismo todo tarda mucho. Es una enfermedad que tiene la Administración, que tarda mucho para todo.

-Ustedes tienen actualmente recurrido ante los tribunales el resultado de aquel consejo.

-Sí, un poco por coherencia. Lo suyo hubiese sido que el Ayuntamiento se hubiese allanado. Hemos recurrido como cualquier otro acto. Para una posible reclamación patrimonial o de otro tipo no era necesario, tenemos un año desde julio.

-¿Es el único paso judicial que contemplan en este momento?

-Estamos tratando de llevar a cabo la ejecución del proyecto. ¿Que si hay algún contratiempo? Tendríamos que plantear cualquier acción leal como consecuencia del perjuicio causado.

-¿Cuáles serían?

-Están en estudio.

-A quién piense que lo que quiere Braser es demandar al Ayuntamiento para que le abone el valor de la finca, ¿qué le diría.

-Eso sería lo último de lo último, cuando no hubiera otra posibilidad. Pero tenemos que luchar por el proyecto.

-Le oí hace dudar del procedimiento seguido por Urbanismo con el convenio. ¿Por qué?

-Fue un pensamiento en voz alta. Hay que mirarlo todo, sobre todo tras una doctrina nueva que ha salido del Supremo. Pero eso es algo que no nos planteamos ahora. Ahora se trata de cumplir con el convenio.

-¿Qué dice el Supremo?

-Se ha empleado en el PGOU de Marbella y dice que no se puede degradar el suelo urbano consolidado, porque si no sería una manera encubierta de que los ayuntamientos cobren el 10%, que las obras de urbanización las asuman íntegramente los promotores...

-¿Qué pasó en Hoyo de Esparteros?

-Era un suelo urbano consolidado y el PGOU de 2011 lo aprobó como suelo urbano consolidado, lo que pasa es que después se aprobó una modificación que lo desconsolidó.

-En el supuesto de ser suelo urbano consolidado, ¿Braser no tendría que haber pagado nada?

-Posiblemente no. Eso habrá que estudiarlo, pero ahora no es el momento de analizarlo.

-A principios de diciembre, Braser solicitó un nuevo aplazamiento a Gestrisam para el pago de la deuda existente. ¿En qué situación está la reclamación?

-Sé que está en trámite la petición. Qué menos que se le dé una prórroga después de haber fastidiado a una empresa que había hecho los deberes para que le aprobasen el proyecto de urbanización y la licencia. La oposición ha confundido que no se pagara el convenio como algo que impide aprobar el proyecto de urbanización y la licencia. Es como cualquier otra deuda. Puedo deber el IBI, pero eso no puede impedir que se dé luz verde al proyecto de urbanización o la licencia. No había ninguna razón. El convenio no se ha pagado porque se ha impedido que se pague, se ha roto el título que permite tener la financiación.

-¿Braser se siente indefensa ante lo que está ocurriendo?

-Es una situación insólita. No creo que al Ayuntamiento se le haya dado un caso parecido, un proyecto que se le propone al Consejo de Urbanismo con todos los informes favorables que no se puede aprobar. Es kafkiano, absurdo. No lo he visto en mi vida. Que te digan que no. Con independencia del tipo de responsabilidad patrimonial, habrá que ver si eso pudiera estar en otro ámbito de las cuestiones penales.

-¿Lo dice por la responsabilidad de los consejeros?

-De los que votaron que no. A ver cómo se justifica aquello. Nosotros no descartamos ningún tipo de acción judicial, lo estamos barajando todo, tenemos hasta julio.