Habrá llantos. Habrá brazos agarrados al cuello de papá y mamá con una fuerza inusitada. Habrá miradas de pánico ante lo que se percibe como un abandono en un lugar desconocido. No podría ser de otra manera en el primer día. Pero poco después habrá canciones, risas y juegos compartidos, purés de verdura, pintura de dedos, triciclos en el patio. Habrá enseñanzas que les ayudarán a crecer y mucho cariño en ambas direcciones. Las escuelas infantiles abren hoy sus puertas para iniciar el curso escolar de los más pequeños de la casa. Casi 300 centros en toda la provincia albergarán a unos 16.000 alumnos de 0 a 3 años. Ha llegado el momento de escribir un nuevo comienzo, aunque para las escuelas sea el mismo de años atrás. Precios congelados desde 2009, atraso en el pago de la partida del mes de agosto y plazas creadas sin posibilidad de conveniarlas.

El 31 de julio se tendría que haber recibido la compensación de 1.000 euros por aula que la Junta paga por el mes de agosto, el único en el que cierran los centros. "Esperábamos que durante este pasado mes se ingresara el pago, pero no ha sido así ni tenemos ninguna noticia al respecto", apuntó ayer Gonzalo de Castro, presidente de la asociación de Escuelas Infantiles Unidas, que aglutina a 238 centros de toda Andalucía con más de 12.600 plazas. Esto supone una complicación para los centros, que aprovechan este dinero para acometer reformas, pintar o pagar el alquiler y el sueldo a sus trabajadores. Sin embargo, respiran con cierta tranquilidad porque en junio "nos confirmaron que lo iban a abonar", aseguró De Castro.

El último día del curso pasado también les llegó el borrador del nuevo decreto de 0 a 3 que se está preparando en Educación. "No encontramos cambios sustanciales, los puntos más importantes que pedíamos no se contemplan, aunque estamos hablando aún de un borrador que se tiene que trabajar y negociar", agregó el presidente de Escuelas Infantiles Unidas. El texto provisional no contempla, por tanto, la posibilidad de que convivan plazas conveniadas y privadas, que se pueda cobrar el aula matinal a las familias como servicio complementario -como sí se hace en el resto de centros educativos- o que puedan aplicar en los precios públicos la subida del IPC.

Lo que sí contemplará el nuevo reglamento es otra reivindicación histórica, poder usar las instalaciones -puestas en marcha con la inversión privada de sus dueños- para fines lúdicos y educativos después de las 17:00, cuando acaba el horario lectivo de las escuelas infantiles. "Era un derecho que veníamos reclamando, tener la posibilidad de programar en nuestro local otra actividad fuera de las horas de clase", destacó Gonzalo de Castro. Pero aún tendrán que esperar a 2017 y la aprobación del nuevo decreto para que esta fórmula esté regulada.

Mientras tanto, lo que sí saben ya los propietarios de los centros es que no van a tener subida alguna del precio de la plaza. Éste se mantiene invariable desde hace siete años en 278,88 euros por niño con comedor incluido, desde las 7:30 hasta las 17:00.

Tampoco para este nuevo curso se han conveniado nuevas plazas con los centros privados y muchos aún esperan que les autoricen puestos escolares que ya crearon. Hicieron la inversión, montaron aulas nuevas y no pueden ponerlas a disposición de las familias a pesar de tener lista de espera. En el caso de Aula Futura, el centro de Gonzalo de Castro en la zona de Olletas, una treintena de familias han sido derivadas a otras escuelas y, aún así, tienen a 15 niños aguardando un puesto para este curso.

En lucha contra la "competencia desleal" de las ludotecas

"El problema que queremos abordar, porque ha habido quejas de todas las provincias, es el tema del intrusismo de las ludotecas y otros espacios que trabajan como escuelas infantiles pero sin tener la acreditación para ello ", señalaba ayer Gonzalo de Castro. "Son centros privados que no pueden trabajar como escuelas infantiles pero lo están haciendo, y eso es competencia desleal", añadió. Según Escuelas Infantiles Unidas "ni mucho ni menos se les piden los requisitos que nos exigen a nosotros, puedes abrirla en dos meses y no la inspecciona la Junta, es labor de los ayuntamientos, que dan el permiso de apertura y no se meten en mucho más". También critican que se hace guarda y custodia de menores "cuando no se puede" y que pueden bajar los precios. "Nos tienen machacados a burocracia y requisitos y ellos pueden hacer lo que quieren", dijo De Castro y pidió que "se legisle de alguna forma".