Belén Vidal tiene 29 años, dos hijos pequeños y un negocio propio que le da grandes satisfacciones pero también muchos problemas. En la calle Molino, junto a la Alameda de Capuchinos, puso en marcha en 2010 el centro infantil El príncipe E. Gracias al empuje y aval de su madre, pidió un préstamo y convirtió un local en una escuela que cuenta con 35 plazas conveniadas con la Junta de Andalucía. Invirtió unos 120.000 euros en la obra, en el mobiliario y la dotación del espacio en el que trabajan cinco personas. Además de tener que hacer frente a esta inversión, cada mes paga más de 5.000 euros en sueldos, a lo que hay que sumar los seguros sociales, las facturas de los suministros y de la comida. Para ella, unos días de retraso en el cobro de las plazas por parte de la Administración suponen "una barbaridad".

"Niños no me faltan, siempre he tenido las plazas completas, el boca a boca hace mucho en el barrio", explica Belén Vidal. Pero muchos de sus alumnos cuentan con el 100% de bonificación y de los 9.000 euros que tiene que recibir al mes por el servicio que presta, los padres aportan entre 1.500 y 2.000 euros y la Junta los más de 7.000 restantes. "No puedo afrontar esa cantidad cuando la Junta se retrasa, tengo que pagar a los trabajadores, materiales, comida y, de hecho, tiro de mis ahorros personales para ponerlos en la empresa", afirma esta maestra que nunca ha debido una mensualidad a sus trabajadores.

Sin embargo, considera que el precio de la plaza, que no se revisa desde 2009, está "demasiado ajustado" y que en el propio BOJA se recogen cantidades mayores para el comedor y el aula matinal, que no se cobra como un servicio extra. "Para el comedor pagan 69,72 euros al mes, lo que significa que cada día sale a algo más de 3 euros, eso es poquísimo", relata. Más aún cuando se trata de bebés y niños muy pequeños que están aprendiendo a comer y necesitan mayor personal porque aún no son autónomos.

Por las nueve horas y media de apertura de los centros -aunque los niños pueden pasar en la escuela no más de ocho horas- cobran un máximo de 278,88 euros, incluyendo el comedor. "Somos una etapa educativa primordial y no siento el respaldo de la Administración, cuidamos las infraestructuras, contratamos el personal, velamos por los niños y no veo que tengamos el apoyo de la Junta", subraya Belén, a la que le preocupa sobremanera que el mes de agosto tan sólo se cobre una compensación de 1.000 euros por aula. De esta forma no puede hacer frente a los salarios de ese mes. "Para que hagamos buenos contratos y haya calidad en el servicio, deberíamos cobrar agosto", considera.

Gonzalo de Castro ha cumplido una década al frente de Aula Futura. Esta escuela cuenta con 96 plazas convenidas, las cuales financia el Gobierno regional en un 60% aproximadamente. En total su plantilla es de 21 personas, por lo que sólo para seguros sociales necesita más de 5.000 euros al mes. "Tuvimos que pedir una póliza de crédito, si no es imposible", afirma y subraya que los intereses del crédito hacen que a final de año el precio de la plaza le salga aún menos rentable. "Esto no sólo nos ocurre a nosotros, es el día a día de las escuelas infantiles", dice y confiesa que algún mes se han visto obligados a partir la nómina de sus trabajadores y pagarla en dos veces.

"La Junta ha hecho ya su estudio del precio de la plaza y éste oscila entre los 380 y 420 euros al mes con comedor, y ahora mismo la pagan a 278,88 euros con comedor", relata Gonzalo de Castro. "Encima ahí incluyen el servicio de aula matinal que lo venden a 0 euros pero hay un decreto que tienen puesto un precio a ese aula matinal, que son unos 15 euros al mes por usuario", agrega. Por ello, las escuelas infantiles reclaman que se abone ese pago, o la Junta o los padres que utilicen ese servicio. "Nosotros sí tenemos que contratar a personal en este horario, no nos puede salir a 0 euros, nosotros al final estamos pagando ese servicio", argumenta. Para el gerente de Aula Futura, el sector está "asfixiado". La unión de más de 80 centros en una plataforma pretende ahora fortalecerlo.