Ramona Ursu tenía 25 años y no hablaba absolutamente nada de español cuando decidió armarse de valor, salir de su Rumanía natal, dejar a su familia y venirse a trabajar a Málaga en un frío mes de noviembre del año 2003. "Una amiga que estaba aquí me dijo que en España pagaban bien y vine con la idea de trabajar unos años, ahorrar y regresar con el dinero a Rumanía", explica. Entró como interna en una casa y, aunque destaca que la experiencia no fue positiva, aguantó tres meses. Málaga le gustó y consiguió traerse a su marido en enero de 2004 y a su hija pequeña en el verano.

Desde entonces se ha asentado completamente en la capital hasta el punto de que incluso preside una asociación, constituida el año pasado y llamada Carisma Juvenil, en la que ayuda a unos 200 rumanos a integrarse en la sociedad local. Pese a su estabilidad familiar -ha tenido un segundo hijo que ya es malagueño-, el hecho de ser rumana le ha impedido progresar en el mercado laboral y la situación se ha vuelto ahora mucho más compleja después de que el Gobierno aprobara en julio la reactivación del periodo transitorio que no impide que los rumanos vivan en España pero que les recorta notablemente la posibilidad de ser contratados. En estos momentos, si un rumano quiere trabajar en España por cuenta ajena tiene que conseguir un permiso. El empresario que lo quiera debe ir a la oficina de extranjería, pedir cita, facilitar todo tipo de documentos de la compañía y garantizar un contrato de un año. "Eso no lo hace prácticamente nadie y lo que están haciendo los empresarios es exigir a los rumanos que se hagan autónomos para darles trabajo", señala José Luis Rodríguez, abogado de Málaga Acoge.

Darse de alta como autónomo es su única salida y eso ha desatado un importante incremento en España por parte de este colectivo, según señalan desde la Asociación de Autónomos (ATA). Ursu se ha preparado a conciencia durante sus años en Málaga. Tiene los títulos superiores de español tanto de la Escuela de Idiomas como de la UMA y también ha estudiado para ser vigilante de seguridad. Sin embargo, hasta la fecha apenas ha conseguido trabajar horas sueltas como empleada de hogar o vendiendo móviles sin tener ningún tipo de contrato. El día que el Gobierno aprobó esta reforma Ursu no estaba dada de alta ni en la Seguridad Social ni en el Inem por lo que está sujeta al nuevo reglamento que se ha aprobado.

Esta joven afirma que el cambio legislativo "me está matando" y que incluso acaba de perder la oportunidad de conseguir un empleo. "El 23 de noviembre me llamaron para trabajar en una empresa de móviles y la compañía se dirigió a la oficina de extranjería pero allí vieron que no estaba dada de alta y anularon la posibilidad de que me contrataran", dice desanimada. La otra opción que le queda es hacerse autónoma y buscarse la vida pero "no quiero hacerlo porque tendría que pagar 260 euros al mes y ganaría muy poco". En estos momentos sobrevive gracias al empleo que consiguió su marido antes de la reforma y a que trabaja unas horas, también sin contrato, como traductora o vendiendo teléfonos móviles. "Creo que es una medida discriminatoria que, además, solo afecta a los rumanos", expone Ursu, algo en lo que coincide Rodríguez, quien añade que se desconoce cuánto tiempo estará vigente la actual normativa.