Algunas de las presuntas irregularidades que podrían haber justificado la intervención policial y judicial en el municipio de Estepona, en el marco de la operación Astapa, que implican al alcalde del municipio, el socialista Antonio Barrientos, eran conocidas por la Ejecutiva provincial del PSOE. Así lo certificaron a este periódico fuentes de la dirección provincial de esta formación, que informaron de la celebración de varios encuentros durante el pasado mandato en los que dos de los concejales de este partido en el Consistorio presentaron ante Bustinduy y otros miembros de la Ejecutiva diversa documentación en la que se ponía de relieve las supuestas anomalías cometidas por el regidor. Ante estos hechos, la reacción fue nula.

Las fuentes consultadas explicaron que los dos ediles que dieron el paso adelante para poner en conocimiento de los responsables de la organización todo lo que estaba ocurriendo en el equipo de gobierno fueron David Valadez, entonces portavoz socialista, y Cristina Alarcón. Ambos acudieron a esos encuentros con numerosos datos relativos a la firma de convenios urbanísticos, personal, contratos de las empresas municipales y la presunta contratación irregular de obras, entre otros asuntos.

¿Qué medidas adoptó la cúpula directiva del PSOE? Ninguna. Las fuentes consultadas fueron claras en este sentido: "La respuesta fue de mutismo". "Lo que se dijo, más o menos, es que no cabía la posibilidad de levantar la liebre porque las expectativas eran muy buenas en Estepona. Esa ha sido la posición de la Ejecutiva durante estos cuatro años", sentenciaron. Y todo ello en la víspera de unos comicios en los que los socialistas lograron once ediles y se mantuvieron al frente de la Alcaldía.

Toda la documentación antes mencionada fue expuesta tanto por Valadez como por Alarcón ante la plana mayor del PSOE malagueño, con Bustinduy al frente. Ella, según apuntaron las fuentes, estuvo acompañada en alguna de estas citas por el presidente de la formación, Juan Paniagua; el secretario de Organización, Francisco Fernández España, y el máximo responsable de Política Municipal, Luis Reina, entre otros. Incluso, se da la circunstancia de que en una de estas reuniones también participaron el alcalde y varios de los ediles ahora detenidos, así como numerosos miembros de la dirección local.

Este periódico trató de conocer la opinión de Bustinduy respecto a esta información, aunque no fue posible. No obstante, en algunas conversaciones privadas mantenidas por la secretaria general del PSOE y relacionadas con la labor de Barrientos, ésta habría aludido a la inexistencia de pruebas que permitiesen actuar en su contra. Una afirmación que, a tenor por los datos conocidos ahora, queda invalidada.

A pesar de las numerosas polémicas urbanísticas en las que ha estado implicado el regidor socialista, quien en numerosas ocasiones se ha enfrentado a la Junta de Andalucía, la dirección provincial siempre ha salido en su defensa. La propia Bustinduy calificó de "magnífica" su gestión en noviembre de 2006 y llegó a manifestar: "Lo que ocurre es que cualquier movimiento en materia de urbanismo, fundamentalmente en Estepona, provoca mucha expectación". Nunca más ajustado a la realidad tras lo sucedido el pasado lunes.

Tampoco fue posible contactar con Fernández España. Por el contrario, quien sí dio su punto de vista acerca de esta información fue el presidente de los socialistas malagueños, Juan Paniagua, quien negó haber tenido conocimiento de las denuncias presentadas por los dos ediles de Estepona y de que se presentasen los documentos antes mencionados en alguna reunión a la que él hubiese asistido. "Pero el criterio es que si alguien ve algo anómalo de algún compañero, pruebas en lo alto de la mesa y al juzgado", dijo. Paniagua sí admitió la celebración de encuentros a nivel interno con el fin de aclarar la situación que se vivía en el partido de Estepona, debido al enfrentamiento abierto entre Barrientos y Valadez.