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Los discutibles negocios del 'gilismo' con suelos públicos

  • Una investigadora relata cómo dos procesados vendieron fincas a Roca perdiendo un 57% de la inversión

El juicio por el caso Malaya, que comenzó el 27 de septiembre de 2010 con 95 personas en el banquillo, se reanudó ayer tras el parón de la Semana Santa con la comparecencia de una investigadora de la Unidad de Delitos Fiscales y Blanqueo (UDEF-Bla) que puso de manifiesto cómo los negocios de algunos acusados no siempre seguían la lógica empresarial: ganar dinero.

La agente relacionó determinadas ventas a pérdidas con los compromisos que algunos promotores inmobiliarios tenían contraídos con el exasesor de urbanismo de Marbella y presumible artífice de la corrupción político inmobiliaria que tuvo lugar durante la era del gilismo, de acuerdo con la versión de la Fiscalía. En este contexto situó a los procesados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, dos empresarios con fuertes intereses en el municipio durante aquellos años que la acusación entiende que ponían la cara en determinados negocios en los que Roca también tomaba parte gracias a que dependía de él el planeamiento urbanístico del municipio.

Entre otras muchas operaciones Liétor y Sánchez, a través de la sociedad Mediterránea de Inmuebles, se hicieron a través de una permuta con dos parcelas del Ayuntamiento que fueron valoradas en 25 millones de pesetas (150.000 euros). La singularidad reside en que las dos fincas fueron después vendidas a Carburantes Alhama por 10,7 millones de pesetas (64.600 euros), anotándose, por tanto, unas pérdidas próximas al 57%, pese al considerable alza de precios que se detectaba en aquellos años en la Costa del Sol.

Otra particularidad es que una vez que los suelos llegaron a esta sociedad, administrada por abogados fiduciarios de Juan Antonio Roca, comenzaron de nuevo a recuperar valor a velocidad vertiginosa.

Estas operaciones han sido valoradas por los investigadores desde la perspectiva del blanqueo de capitales, desde el momento en que la venta a pérdidas sin justificación aparente es uno de los mecanismos habituales utilizados en el lavado de dinero negro. No obstante, en aquel momento esta correlación de los acontecimientos sirvió a la Policía para empezar a establecer las relaciones que existían entre una serie de empresarios y el exasesor de urbanismo del municipio que desde la primera parte de los años 90 había estado al frente de la revisión del planeamiento del municipio. También sirvió para vincular a Juan Antonio Roca con las sociedades administradas por terceros en las que él no figuraba y empezar a dibujar el destino que habían tenido algunos bienes patrimoniales de los que el municipio se había desprendido durante aquellos años.

Ayer también declararon en el juicio varios agentes que asistieron a los registros y un oficial experto en informática del Cuerpo Nacional de Policía que afirmó ante el tribunal "desconocer qué es la cadena de custodia". Parte de la estrategia de las defensas reside en denunciar que las pruebas no estuvieron en todo momento bajo custodia judicial y, por tanto, que pudieron ser alteradas o manipuladas.

Lo sorpresivo de la declaración de este agente es que no pudo explicar nada sobre cómo se clonaron discos duros o se hicieron volcados de ordenadores. Se limitó a señalar que buscaba en los ordenadores información que pudiera ser de relevancia para la investigación desconociendo cualquier detalle sobre qué ocurría con esa información desde el momento en que se copiaba.

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