Los investigadores sospechan que una de cada tres agresiones sexuales en la provincia presentan indicios de haberse cometido mediante sumisión química, es decir, bajo los efectos de drogas que suponen la pérdida de voluntad y de conciencia. Las sustancias más utilizadas, en este sentido, según explicó ayer el director del Instituto de Medicina Legal (IML), José María Caba, son el alcohol y las benzodiazepinas (psicotrópicos), aunque también existen otras como la burundanga, más difíciles de detectar dado que los restos que quedan en el organismo pueden llegar a desaparecer incluso a las tres horas de haberse consumido. En España, detalló, solo han trascendido dos casos -uno de los cuales acabó en muerte- en que se ha utilizado esta droga.

Carmen Agüera, médico adjunta del Servicio de Urgencias del Hospital Costa del Sol de Marbella, alertó del incremento de delincuentes que se sirven de estas sustancias para manipular el comportamiento de las víctimas no solo de ataques sexuales, sino también de robos y extorsiones. El escollo en la lucha contra estos delitos es el tiempo que la persona afectada "tarda en pedir ayuda", lo que dificulta -y a veces imposibilita- la detección. La burundanga se erige en la droga que se absorbe y elimina de forma más rápida, entre las dos y las seis primeras horas. De ahí que la experta haga un llamamiento a la población para que ante la sospecha de que una persona ha sido drogada ésta "acuda lo antes posible a los sanitarios". Suelen consumirse en contextos de ocio.

Ese notorio repunte de la comisión de delitos mediante sumisión química así como la importancia de aunar todas las actuaciones que requieren las víctimas de agresiones sexuales ha derivado en la puesta en marcha en todos los hospitales públicos de Málaga del primer protocolo de atención desde el punto de vista clínico, forense y judicial, indicó el delegado provincial del Gobierno en Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, que va a implantarse en la provincia después de que ya se hiciera en el Hospital Costa del Sol a finales de 2016.

Aunque la Junta de Andalucía cuenta desde 2008 con un procedimiento de actuación sanitaria ante violencia de género, la actualización plantea establecer instrucciones para la toma de muestras orientada a detectar drogas "que facilitan las agresiones a mujeres y limitan la conciencia". Además, contribuirá a "mejorar la atención a las víctimas y proporcionar más seguridad y garantía para perseguir estos delitos".

El protocolo, que da comienzo desde el momento en que la persona acude a un hospital manifestando que ha sido agredida sexualmente, permitirá diseñar una hoja de rutas con la coordinación de actuaciones conjuntas, de forma que se evite "la doble victimización" y que tenga que someterse a pruebas en diferentes estados del procedimiento. El servicio de emergencias sanitarias 112 avisará a la Policía, que solicitará al Juzgado de Guardia la presencia del forense, que también antes se personaba en el hospital, donde, en caso de que sea posible, la víctima podrá prestar ahora declaración ante la Policía. De esta forma, saldrá "con el protocolo completado, es decir, con los análisis, toma de muestras y con un tratamiento de profilaxis para evitar enfermedades de transmisión sexual".

Se trata, en palabras de la directora general de Violencia de Género, María Ángeles Sepúlveda, de un trabajo "altamente especializado y técnico" en la investigación de delitos contra la libertad sexual, unos "de los más invisibilizados" y que conllevan, se lamentó, "enjuiciar a la víctima". Así, aboga por "dejar atrás mitos con los que la sociedad las castiga" y anima a las mujeres a denunciar. "Hablamos de un delito semiprivado en que la denuncia es imprescindible para actuar", resaltó, al tiempo que detalló que existe "una altísima cifra negra". También es básica la "recogida inmediata de pruebas" para la valoración médica y forense", destacó. El nuevo protocolo aportará "más rapidez, inmediatez y atención" al proceso.