El dueño de la finca donde murió Julen, único investigado por el fallecimiento del niño tras caer a un pozo de Totalán, alega que no cometió ningún delito. La defensa de David Serrano sostiene que no puede sostenerse" la acusación de homicidio imprudente grave contra su cliente, ya que a su juicio no existe delito ni imputabilidad.

En el escrito de conclusiones provisionales, el abogado afirma que era imposible haber previsto el riesgo de que Julen se desplazara por un agujero tan pequeño y que tampoco hubo negligencia porque avisó a los padres "varias veces".

Su abogado argumenta que hubo ausencia de infracción del deber objetivo del cuidado porque "tapó el pozo con unos cantillos" y considera "imposible" que el acusado estuviese vigilando al niño, ya que según la distribución de tareas de aquel día eran los padres los que tenían que estar a su cuidado.

Para el letrado de David Serrano, no existe delito "y menos aún imputabilidad" y niega "rotundamente" los hechos descritos en los escritos acusatorios del ministerio público y de los padres del menor fallecido, que lo acusan de un delito de homicidio imprudente grave.

Este martes el letrado presentó concurso de acreedores al asegurar que su cliente estaba técnicamente en una situación de insolvencia y aseguró que su patrocinado no podía "ni ahora ni en un futuro cumplir con una deuda que podría ascender a 1.500.000 euros, sumando los conceptos de responsabilidad civil y sanción administrativa".

El pasado septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga acordó la apertura de juicio oral contra David Serrano y le impuso el pago de una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias de 885.310 euros.

El fiscal en su escrito acusatorio afirma que Serrano era el único conocedor de la presencia del pozo"

Este importe es para responder ante posibles indemnizaciones en el caso de que sea condenado por un delito de homicidio por imprudencia y la magistrada fijó la fianza atendiendo a la estimación que la Junta de Andalucía hizo del coste de los trabajos de rescate (663.982,45 euros).

La jueza acordó el juicio oral al concurrir indicios racionales en relación a la perpetración de un delito de homicidio por imprudencia grave.

El fiscal en su escrito acusatorio afirma que Serrano era el único conocedor de la presencia del pozo" y "a sabiendas de todo ello y de la falta de protección suficiente y adecuada, no adoptó media alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo, poniendo en peligro la vida de los dos menores; su propia hija y Julen, que finalmente cayó por él".

Debido a ello ha solicitado que sea condenado a tres años de prisión por homicidio imprudente grave, mientras que los padres de Julen elevan su petición a tres años y seis meses de prisión al apuntar a una negligencia "extremadamente grave".