El destino futuro del Palacio de la Tinta parece, irremediablemente, ligado al uso hotelero. A la espera de lo que suceda el próximo lunes, cuando formalmente se conocerán las ofertas económicas de las empresas que pujan en la subasta abierta por la Junta de Andalucía, ya se sabe la identidad de varios de los grupos que pujan por hacerse con la propiedad de este histórico inmueble, sede en la actualidad de parte de los servicios de la Delegación de Sostenibilidad Ambiental.

Entre ellos, los actuales propietarios del Palacio Miramar, con Hoteles Santos al frente, y de la parte de La Equitativa reservada para un hotel de 5 estrellas. En este último caso, se trata de la entidad Key Lisbon 1 SL, con Jaime Ardid Martínez-Bordiu como administrador único. Esta sociedad fue constituida el pasado 24 de julio, tiene sede en Madrid y su objeto social es el de la promoción, construcción, explotación y administración o arrendamiento de hoteles, apartahoteles e instalaciones relacionadas con la hostelería.

A estos dos nombres se suman otras siete entidades que, al parecer, han puesto sus ojos en el Palacio de la Tinta, como Milenium, también dedicada a la adquisición de activos para uso hotelero, y SB Hoteles, que ya cuenta con establecimientos en Barcelona, Tarragona y Madrid.

De acuerdo con la apertura de los sobres para determinar que la documentación presentada coincide con los pliegos del procedimiento de venta, la gran mayoría de las empresas que concurren a la subasta de los 22 inmuebles ofertados por la Administración regional centran su interés en el Palacio de la Tinta, cuyo valor de partida es de unos 12,5 millones de euros. Todas estas mercantiles tienen en común que para poder, formalmente, optar a hacerse con el Palacio tienen que subsanar ciertas deficiencias en sus documentos antes de las 20:00 del viernes.

La actual calificación urbanística que pesa sobre el inmueble, que cuenta con una edificabilidad de 7.651 metros cuadrados, habilita su conversión en hotel, pero siempre que se respete el grado de protección arquitectónica con el que cuenta, que es de grado I, lo que acota a una intervención máxima de rehabilitación.

El destino futuro el inmueble parece, irremediablemente, ligado al uso hotelero

Una labor de recuperación que, de acuerdo con los informes oficiales manejados por la Junta, no resultará barata. Porque, a tenor de los citados estudios, el estado actual es cuánto menos deficiente. Con todo, no es descartable que la operación de compra y restauración se vaya por encima de los 30 millones de euros.

Muestra de ello es que en un documento firmado por el jefe de Servicio de Edificios Administrativos y Supervisión de Proyectos se desvela que la Dirección General de Patrimonio dirigió un escrito el 29 de mayo de 2018 a la Secretaría General Técnica de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el que se le comunicaba “que se debía proceder al desalojo del edificio, dado que su estado de conservación no reunía las condiciones adecuadas de habitabilidad”.