Violencia en las aulas: Educación sólo confirma siete casos de acoso escolar en Málaga entre 700 sospechas

Educación investiga cada vez más sospechas de acoso escolar en la provincia de Málaga, pero un porcentaje muy reducido termina confirmándose como tal. De los 733 protocolos abiertos por la Delegación de Educación en el curso 2025-2026 hasta el pasado 20 de febrero, 162 ya han sido cerrados y solo siete de ellos han acreditado una situación de bullying. Esto significa que apenas el 4,32% de los procedimientos cerrados han constatado un episodio de estas características, mientras que si se toma como referencia el total de investigaciones abiertas la cifra se reduce todavía más: sólo el 0,95% de los casos registrados.

Los datos, facilitados por la Delegación Provincial de Educación a Málaga Hoy, reflejan que la mayoría de las alertas que activan los centros educativos acaban descartándose tras la investigación interna, al tratarse de conflictos puntuales o problemas de convivencia que no cumplen los criterios del protocolo autonómico de acoso escolar.

En todo caso, las indagaciones se han intensificado en la provincia malagueña durante este curso académico. Las 733 alertas por sospecha de bullying activados ya superan con holgura la registrada durante todo el año anterior. En 2024-2025 se abrieron 574 procedimientos, lo que significa que estos cinco meses ya se han investigado casi un 30% más de casos que en todo el curso pasado, según los datos que maneja la Administración.

Más allá del ámbito educativo, los datos judiciales también reflejan el peso del fenómeno en la provincia. Según la memoria anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, Málaga fue en 2024 la provincia con más procedimientos por acoso de toda Andalucía. Uno de los casos más recientes se investiga en Villanueva del Trabuco, donde la Guardia Civil trata de esclarecer la difusión de fotografías íntimas tomadas en el baño de un instituto a un alumno con un 65% de discapacidad reconocida y grado II de dependencia.

La madre del menor, de 14 años, denunció un presunto caso continuado de acoso escolar. Según su relato, las imágenes de su hijo habrían sido difundidas a través de WhatsApp e incluso convertidas en stickers. Su testimonio, aportado entonces a este periódico, dibujaba un escenario de sufrimiento silencioso, difícil de detectar debido a la vulnerabilidad del niño. “Mi hijo me preguntaba si era bueno, que no quería estar gordo, que quería tener la tripa plana como sus compañeros”, recordaba.

“Lo llamaban gordo, mandarina. Se reían de él"

Según su relato, las burlas eran constantes: “Lo llamaban gordo, mandarina. Se reían de él. Imitaban sus movimientos”, apunta. El caso dio un giro aún más grave cuando el centro le comunicó a María del Mar por teléfono que, durante la investigación, habían encontrado en los móviles de algunos alumnos imágenes íntimas de su hijo que habían sido tomadas en el baño. “Pregunté qué clase de fotos eran y me dijeron que eran íntimas, que no me las podían dar y que era muy grave”, sostiene. La madre, hospitalizada tras haber sufrido un ictus, pidió permiso a los médicos y acudió de madrugada a presentar una denunciar. En su declaración alertó de que habían difundido imágenes de su hijo en un grupo de Whatsapp con otros menores y que luego hicieron stickers con esas fotos. Los autores fueron expulsados temporalmente del centro.

Cambios en los protocolos

El aumento de protocolos abiertos coincide con el debate sobre la mejora de las herramientas de detección y actuación frente al bullying. Tras el Congreso sobre Ciberacoso celebrado en Córdoba el pasado enero, la Consejería de Educación estudia introducir cambios en el protocolo andaluz.

Entre las modificaciones planteadas destacan dos medidas. La primera consiste en adelantar la comunicación a la inspección educativa al primer paso del procedimiento, de modo que la administración pueda intervenir antes en el seguimiento de los casos.

La segunda se propone que el traslado del alumno acosador a otro centro sea la norma y no la excepción, evitando que las víctimas tengan que cambiar de colegio o instituto, algo que ha ocurrido con frecuencia hasta ahora por decisión de las familias. Para ello será necesario modificar los decretos que regulan los Reglamentos Orgánicos de los centros educativos, donde se establecen las sanciones para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

El departamento que dirige María del Carmen Castillo ha planteado también abrir un debate jurídico para que el bullying pueda ser tipificado también como delito.