Con bajas dosis de un medicamento letal que producía una muerte lenta y dolorosa y por personal no autorizado. Hasta 2.230 perros fueron presuntamente sacrificados en tan sólo dos años por la directora de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales Parque Animal de Torremolinos, C. M., y un empleado del centro que el jueves fueron detenidos, junto a un veterinario, por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acusados de los presuntos delitos de maltrato animal, falsedad documental, apropiación indebida, estafa e intrusismo profesional.

El juzgado número 5 de Torremolinos dejó ayer en libertad con cargos a los tres arrestados que deberán comparecer cada 15 días, mientras que el juez no ha impuesto ninguna medida para un cuarto imputado acusado de falsedad documental y que se trata de un veterinario que trabajaba ocasionalmente para el centro.

El espeluznante relato de un veterinario que estuvo trabajando en el centro fue el germen de la operación Óbito, que ha destapado las supuestas irregularidades cometidas por los arrestados, al menos, desde 2008. El Seprona inició entonces una investigación en la que se constató tanto la directora del centro como el encargado sacrificaban a los animales "de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada". Unos 1.230 en 2009 y más de mil en lo que va de año son los perros que los agentes de la Guardia Civil han podido demostrar que murieron tras inyectarle una cantidad insuficiente de un producto eutanásico llamado Dolethal "para ahorrar costes y sin ningún tipo de control veterinario", pese a que la legislación vigente establece que sólo podrá realizarlo un profesional autorizado y siempre que el animal esté sedado o con anestesia general para que no sufra.

Según pudo saber este periódico, muchos de estos animales habían sido entregados de forma temporal al centro y sus propietarios creían que estaban en manos de familias de acogida. En otros casos, los perros eran sacrificados antes incluso del plazo de diez días fijado por la ley para dar en adopción a los que ingresan por abandono, por lo que también se le imputa el delito de apropiación indebida.

Para poder justificar el masivo sacrificio, la directora del centro llegó supuestamente a falsificar la firma de veterinarios "haciendo un uso fraudulento del número de colegiado y del sello oficial" en los listados de animales sacrificados e incinerados que remitía al Ayuntamiento de Torremolinos, con quien la asociación tiene firmado un acuerdo para la recogida y acogida de los animales abandonados en el municipio.

Pero además, el Seprona descubrió que la detenida consiguió presuntamente recetas oficiales firmadas en blanco y sin fecha por un veterinario -detenido y acusado de falsedad documental- que entró a trabajar hace apenas un mes y que posteriormente entregó a la empresa suministradora para justificar un pedido realizado en agosto cuando ni siquiera había sido contratado tras la primera inspección de la Guardia Civil. Los investigadores constataron también que la directora del centro podría haber incurrido en un delito de estafa al incumplir las condiciones exigidas por el Ayuntamiento de Torremolinos por cobrar "sistemáticamente" 60 euros en concepto de tasas de mantenimiento a las personas que entregaban un animal.

La responsable de este centro, que además contaba con una consulta veterinaria al margen del servicio municipal que prestaba, llegó a denunciar a un veterinario y a un peluquero canino de la muerte de los sacrificios practicados a los animales, lo que se demostró ser falso porque en el momento en el que supuestamente habían sucedido los hechos el veterinario se encontraba declarando precisamente ante la Guardia Civil.