Los empleados del asilo del 'padre Pepe' piden el cierre patronal para poder cobrar

Cuando en febrero comenzaron a recibir dinero de menos en sus nóminas empezaron a sospechar y sus peores temores resultaron ciertos. Los quince trabajadores de la residencia geriátrica Carlos I de Torremolinos, gestionada por el padre Pepe -un falso cura en prisión preventiva por una presunta estafa a ancianos en un centro gaditano-, llevan dos meses sin cobrar pero acuden todos los días puntualmente a su trabajo. Siguen dados de alta en la empresa a pesar del cierre cautelar que decretó la Junta de Andalucía ante la ausencia de administrador y director. El pasado viernes se marchó el último residente y ya no tienen función alguna que hacer. Cogen el teléfono, charlan entre ellos y matan un tiempo que vale oro. Por ello, piden que se declare el cierre patronal ilegal y poder, al menos, cobrar la prestación por desempleo.

Iván Romero es auxiliar de enfermería y entró en la empresa en febrero. En la actualidad tiene un contrato de 9 meses que ya sabe que no va a poder acabar. "Llevamos dos meses sin cobrar, estamos desesperados", confiesa. Aunque la plantilla está unida y intenta tomarse la situación con humor, todos los días ponen de su bolsillo para acudir a un lugar de trabajo vacío. "Hay gente que viene desde Pizarra, otros desde Benalmádena o Málaga, gastamos en gasolina, en tren, en los desayunos, todo para venir a un centro en el que en cualquier momento nos pueden cortar la luz o el agua porque no se pagan los recibos", dice Romero.

Tanto los sindicatos como sus abogados particulares les han recomendado que "sigamos viniendo ocho horas para que no nos acusen de baja voluntaria y, encima, perdamos nuestros derechos", añade Iván. Por eso, él, Rocío y media docena más de compañeros se sientan a esperar que un inspector de la Seguridad Social visite las instalaciones, decrete el cierre "y nos podamos ir a casa".

El caos comenzó cuando el 31 de agosto detuvieron al que era gestor de la residencia Carlos I desde hacía un año, conocido como el padre Pepe. "Al ingresar en prisión le congelaron las cuentas para el mantenimiento del centro y del personal. Quedaron unos 400 euros del último mes pero teníamos a una treintena de ancianos y eso nos dio para dos o tres días", relata el auxiliar de enfermería. Fue entonces cuando el administrador denunció el caso a Asuntos Sociales y la Junta tomó partido con celeridad. Se informó a los familiares y comenzó un rápido proceso para buscarles una nueva estancia.

"Los abuelos no se querían ir, estaban a gusto con el personal y esperaban que se produjera una solución antes de tenerse que ir", recuerda Iván Romero, que también subraya que "se dijo que se iba a nombrar a un administrador público pero no hemos tenido noticia alguna en ese sentido". Los trabajadores aseguran que en la Carlos I no ha habido estafa a los mayores ya que "los familiares venían y pagaban con el dinero en mano cada mensualidad, él no tenía acceso a sus cartillas".

En el despacho López y Mesa Abogados están recopilando toda la información de sus clientes, seis de los trabajadores, para "pasarla a la Inspección de Trabajo y que se decrete el cierre ilegal", comenta Jorge Mesa, que considera que la inspección "debería estar resuelta en un mes". Otro cantar será el juicio para recuperar el dinero que le deben. "Esto puede tardar tres o cuatro años", confiesa Mesa, por las particularidades del caso, que tiene al protagonista ya en prisión.