Una trama 'engordaba' rosada muerta de forma ilegal y la vendía en Mercamálaga
Un hombre fue detenido y su hermano imputado por un presunto delito contra la salud pública y desobediencia al hacer desaparecer los casi 700 kilos de pescado que fueron intervenidos en un chalé
Carecía de cualquier tipo de licencia, no cumplía con las más mínimas condiciones higiénico-sanitarias exigidas y ni siquiera los dos trabajadores que se encargaban del negocio estaban dados de alta. Y aún así el pequeño local de uno 40 metros cuadrados anexo a un chalé de Alhaurín de la Torre se había convertido en un importante punto desde el que se engordaba de forma irregular una vez muerta, manipulaba, congelaba y se comercializaban cientos de kilos de rosada que luego eran distribuidos en algunos puestos de Mercamálaga. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desmanteló el lugar y detuvo al responsable al que se le imputan los presuntos delitos contra la salud pública, desobediencia, contra el derecho de los trabajadores y de defraudación de fluido eléctrico.
El negocio que se desarrollaba de forma clandestina en esta vivienda fue destapado dentro de la operación bautizada como Nur y que se saldó además con otro imputado, el hermano del arrestado, por un presunto delito contra la salud pública y desobediencia, ya que la Guardia Civil pudo comprobar que era a nombre de éste a la que estaba la empresa autorizada para la importación de productos pesqueros congelados y frescos y que en un principio tenía su sede en una nave industrial de un polígono de Alhaurín de la Torre con todos los permisos para ello. Pero según pudo saber este periódico, el mayorista tuvo un problema con el alquiler del recinto y tuvo que cerrar mientras paralelamente la actividad continuó en el chalé, al parecer, propiedad de los padres.
Las pesquisas de los agentes del Seprona sobre esta actividad ilegal comenzaron en septiembre del año pasado, aunque fue con la llegada de la Navidad y el aumento de las ventas de este tipo de productos cuando se intensificaron los movimientos de vehículos isotérmicos que entraban y salían de esta vivienda con destino a Mercamálaga lo que llevó a la Guardia Civil a actuar.
Cuando los agentes entraron por primera vez el pasado 28 de diciembre al interior del local, según consta en las diligencias presentadas en un juzgado de Málaga, encontraron in fraganti a dos empleados con la indumentaria propia para la manipulación de pescado en plena faena rodeados de recipientes con agua y rosada sumergida donde supuestamente estaba siendo sometida a un proceso de engorde mediante un aditivo alimenticio antes de ser congelada y comercializada para mejorar su presencia y blanquearla, pero sin supuestamente respetar los tiempos y los procesos que se fijan para este tipo de productos.
Además, entre la que estaba fuera y la que fue localizada en una cámara frigorífica fueron intervenidos 651 kilos de rosada y 335 kilos de caracoles caducados que iban a ser comercializados aprovechando el tirón de las fiestas navideñas. Pero ni licencias ni garantías sanitarias de ningún tipo había en el local que fue precintado por el Seprona a la espera de que un veterinario de la Junta de Andalucía inspeccionara el lugar unos días después al coincidir con el fin de semana de Nochevieja.
La sorpresa fue que cuando los agentes del Seprona y el veterinario acudieron el pasado 3 de enero al lugar no encontraron nada en su interior, ya que presuntamente el detenido había limpiado cualquier resto de la actividad que hasta unos días antes desarrollaba presuntamente de forma ilegal. Aún así, el informe veterinario no dejó lugar a dudas sobre la falta de control sanitario del establecimiento que impedían que los productos que se estaban manipulando allí fueran aptos para el consumo humano.
También el arrestado se había encargado supuestamente y, según la Guardia Civil, de hacer desaparecer cualquier resto que demostrara el enganche ilegal a un contador de la finca -que pudo ser fotografiado varios días antes por los agentes- y por el que la compañía Endesa le reclama al imputado un montante de 7.589,68 euros.
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