La decisión del Gobierno central de permitir a los ayuntamientos recurrir “sin límite” a sus remanentes de Tesorería va a permitir que los municipios de Málaga, así como la Diputación provincial, puedan disponer de unos 480 millones de euros. Así se desprende de los cálculos realizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)y que están actualizados hasta finales de septiembre de 2020.

De acuerdo con esta información, las entidades locales que mayores remanentes de tesorería disponen son las situadas en las comunidades autónomas de Cataluña, Canarias y Andalucía. En el caso andaluz, Sevilla es la provincia con un mayor volumen, con 603,7 millones, seguida de Málaga (480,2 millones) y Almería (257,1 millones).

El uso de estos fondos es posible después de que el Ministerio de Hacienda anunciase el pasado miércoles la suspensión de las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021. Esto permitiría disponer de la parte restante de los 14.850 millones “indisponibles” de los municipios, diputaciones provinciales y consejos insulares de Baleares.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, celebró la "magnífica noticia" porque significa que unos 7.800 gobiernos locales, sobre los que hay remanentes, podrán dar salida a sus ahorros que rondan los 14.000 millones de euros entre este año y durante 2021.

La regla de gasto, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, restringía a los ayuntamientos el uso del superávit presupuestario, ya que solo permite a los consistorios destinar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios.

No obstante, insistió en que las negociaciones con el Gobierno continúan para llegar a un acuerdo que incluiría el fondo de 5.000 millones y el de transportes de hasta 400 millones que se incluiría en un acuerdo con el Gobierno para sustituir el decreto del Ejecutivo, que fue tumbado en el Congreso el pasado 10 de septiembre.

Según la agrupación, el reparto del fondo de 5.000 millones se haría en dos partes: el 60%, 3.000 millones, se realizarán siguiendo criterios de población, aunque no se descartan elementos correctores en base a despoblación o insularidad, y el resto, el 40%, 2.000 millones, servirían para movilizar los remanentes.