La segunda gran ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), con la que se espera responder al crecimiento del campus en el plazo de 20 ó 25 años, volverá a reservar los espacios necesarios para garantizar en un futuro la posible llegada del Metro y del tren de Cercanías. Esta es la demanda que los máximos responsables de la tecnópolis le han hecho al equipo encabezado por el arquitecto Salvador Moreno Peralta y al que hace apenas unos días se ha adjudicado la ordenación la expansión del polígono empresarial.

En concreto, la tarea técnica asignada a este equipo, seleccionado de entre un total de 14, es la redacción del plan parcial del sector SUS-CA 23, que es justamente el suelo sobre el que se prevé un crecimiento de unos 570.000 metros cuadrados (SUS-CA 23). En este espacio el planeamiento actual permite una edificabilidad máxima de 159.308 metros cuadrados. Con este salto se dará continuidad a la última etapa de desarrollo, que ya cuenta con los terrenos urbanizados y sobre los que se autorizan hasta 100.000 metros.

El que en este documento se perfilen las trazas necesarias para no hacer inviable en un futuro la entrada de ambas infraestructuras ferroviarias, junto a un nuevo acceso por carretera, no rebaja la dificultad de que ambas instituciones afronten en el corto plazo su ejecución. Sirva como referencia de que ya en el diseño de la primera ampliación, también se tuvieron en cuenta estas necesidades, sin que hasta la fecha ni la Junta de Andalucía ni el Ministerio de Fomento hayan avanzado en estas infraestructuras.

La suma de ambos elementos, como señala el director del PTA, Felipe Romera, completa la que será la extensión del polígono empresarial las próximas décadas, "con la previsión de que pueda llegar a albergar unos 50.000 trabajadores". Uno de los aspectos que se destaca en la ficha del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para estos terrenos es la reserva de un máximo del 15% del techo edificable completo para uso residencial. Tomando como referencia estos parámetros, la incorporación de sector a ordenar generaría una bolsa para unas 240 viviendas. Bien es cierto que este uso residencial ya está recogido en los terrenos ya desarrollados, si bien su puesta en carga sigue dependiendo de la existencia de una demanda cierta y del interés de promotoras por intervenir sobre los mismos. El plan especial permite al PTA habilitar dos parcelas en la actual tecnópolis y otras dos en la zona de la ampliación para este uso.

De acuerdo con el pliego de condiciones técnicas que rigió el concurso, el objetivo "prioritario" marcado con el desarrollo de estos suelos es "atender las demandas reales de la implantación de nuevas entidades que tienen encaje en las actividades de I+D+i propias del PTA". Los terrenos delimitados se encuentran localizados hacia el norte. Como elemento de partida, se incide en la necesidad de que el citado plan parcial contemple la delimitación de amplios espacios libres ajardinados, dotaciones comunitarias. Asimismo, se apostilla que el destino de los nuevos equipamientos "deberá destinarse preferentemente para nuevos usos universitarios y centros de formación".

La ficha urbanística que marca este sector apunta que los espacios libres ocuparán al menos el 22% de la superficie total, teniendo que estar situados "preferentemente" en las márgenes del río Campanillas y del arroyo Pilones. Una de las cuestiones que habrán de resolverse es el de la inundabilidad que pueda generar este último. Asimismo, desde el PTA se demandó a los estudios participantes un estudio profundo de los enlaces con el sistema de comunicaciones previsto en el planeamiento general y la organización de la red viaria interior. También se reclamó un estudio de movilidad y tráfico y una previsión de aparcamientos.

La propuesta de Moreno Peralta rebaja significativamente el valor económico del contrato. Frente a los 200.000 euros de la licitación (sin IVA), la proposición finalmente aceptada sitúa el coste de la redacción en 86.990,47 euros (un 56,5% menos). El plazo inicialmente previsto para la entrega del documento es de ocho meses, estando destinados los cinco primeros a redactar los documentos que habrán de ser sometidos a aprobación inicial; a estos se sumarán dos meses más para, tras el periodo de información pública, redactar los documentos para su aprobación inicial. Y otros treinta días para dar forma al documento de aprobación definitiva.