La Fiscalía de Málaga ha pedido prisión para siete de los supuestos integrantes de una organización criminal asentada en la propia administración rusa con proyección internacional y compuesta por altos funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia de Rusia dedicada a "fabricar" causas penales para extorsionar a personas de alto poder adquisitivo en España.

La red implicaba falsamente a personas en procedimientos penales y les exigía grandes cantidades de dinero con la amenaza de llevar tales procedimientos hasta el final de sus consecuencias, como es el ingreso en prisión en Rusia, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Para ello abrían incluso procedimiento penal en Rusia, donde se les exigía dinero a las víctimas, a las que se advertía que iban a ser detenidas (en algún caso se materializó) y extraditadas en virtud de una Orden Internacional de Detención (OID).

En alguna ocasión se llegó a desplazar desde Rusia algún enviado para cobrar las cantidades acordadas en las extorsiones y, de hecho, uno de ellos se encuentra entre los acusados.

A algunas de las víctimas se les decía que, si pagaban, la causa se archivaría a través del fiscal general adjunto de la Federación de Rusia, según se desprende de las investigaciones.

Detenciones orquestadas desde Rusia

Los investigadores han podido comprobar que se llegó a detener el 16 de agosto de 2018 a un ciudadano, natural de Kaunas (Lituania), en el marco de una orden internacional de detención dictada en un procedimiento de extradición por el Tribunal de Twerskoy de Moscú, "causa penal abierta falazmente contra él", y debido a ello se le retuvo en España en prisión hasta el 17 de septiembre de 2018.

Para solucionar "el procedimiento penal" le exigieron un millón de euros, cantidad que posteriormente fue rebajada a 500.000 euros a cambio de "archivar" el caso, aunque se celebraron cuatro reuniones antes de llegar al acuerdo.

El fiscal afirma que para generar "más presión" en dicha extorsión se trasladó a España un equipo de investigación de la causa abierta falazmente.

Entre las personas que se desplazaron a España vinieron dos funcionarios del Departamento de Investigación FSB de Moscú y dos policías de un departamento de investigación criminal (GUUR), quienes, bajo la supervisión de la Guardia Civil, vinieron a analizar la información contenida en dos teléfonos móviles intervenidos en la detención de un particular.

Las víctimas, con solvencia económica

Lo primero que hacían los acusados era seleccionar a sus futuras víctimas, todas ellas con perfil público, reconocida solvencia económica y conexión con actividades de dudosa legalidad susceptibles de originar un procedimiento penal.

Para ello realizaban la recopilación "de una ingente y comprometida información" de carácter personal, público y profesional, para constituir una "verdadera radiografía de la víctima", lo que les proporcionaba los datos necesarios en que sustentar y llevar a cabo la amenaza, así como el montante económico a exigir.

Entre las víctimas buscaban a personas con posiciones privilegiadas en la lista Forbes, con colecciones de arte de incalculable valor, negocios relacionados con el petróleo, incluso con una expolítica rusa miembro durante varios años de la Asamblea Legislativa de San Peterburso e hija de un amigo cercano de Vladimir Putin. También formaba parte de esta lista el hombre más rico de Rusia en 2013, con una fortuna en dicho año de alrededor de 500 millones de dólares.

Entre los procesados, los principales residentes en Marbella, se encuentra la persona que supuestamente lideraba la organización en España, su esposa (de nacionalidad alemana aunque nacida en Ucrania) e hijo, así como varias personas, algunas con antecedentes penales.

El líder de la trama, con ocho identidades falsas

Al acusado de liderar la organización en España se le han conocido hasta ocho identidades diferentes y ha sido detenido en el pasado en cinco ocasiones por detención ilegal, prostitución, falsedad, estafa o fraude.

Los hechos por los que se le investiga ahora son constitutivos de delito de organización criminal, extorsión, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En cuanto a la situación procesal de los funcionarios rusos y al hecho de que no hayan sido imputados en la causa, otras fuentes jurídicas especializadas en redes criminales internacionales han apuntado a EFE que, "probablemente se debe a que las autoridades rusas no habrían colaborado" en el procedimiento y no se habría logrado su extradiccción a España.

75 años de cárcel

Los siete acusados se enfrentan a una pena total de 75 años de prisión por pertenencia a organización criminal. Algunos, además, son considerados presuntos autores de tres delitos de extorsión, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Entre los procesados está la persona de confianza en España de la organización rusa, el hombre que la lideraba en el territorio español y el que articulaba los mecanismos y artificios técnicos y telemáticos para la localización de la víctima a partir de su número de teléfono.