La esposa y la hija de un hombre que murió arrollado por un caballo durante una feria de ganado en Cuevas de San Marcos en el año 2011 le ha reclamado al Ayuntamiento del municipio una indemnización de 92.973,04 euros por el fatal desenlace. El accidente se produjo en el transcurso de la celebración del II Mercado de Ganado Equino, el 30 de abril de 2011, organizado por la peña caballista de la localidad y patrocinado por el propio Ayuntamiento. Según el atestado policial, el caballo causante del siniestro "se encontraba amarrado a una viga de hierro a unos 200 metros del lugar de los hechos, sito en Carretera del Pantano km 1", en un descampado. El animal arrancó el anclaje al que estaba amarrado con una cuerda y huyó mientras lo arrastraba y se golpeaba con él, hasta que cayó al suelo, arrollando en ese instante a una persona que circulaba en silla de ruedas por la carretera. El herido fue trasladado al hospital de Antequera, donde posteriormente falleció.

Ante la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la familia por una cuantía cercana a los 93.000 euros, el Ayuntamiento acudió al Consejo Consultivo de Andalucía, con el objetivo de orientarse en la responsabilidad del accidente ocurrido. El órgano consultivo ha determinado, en un dictamen con fecha del pasado 28 de mayo, que tanto la esposa como hija han sufrido un daño "efectivo, individualizado y económicamente evaluable" y que en la producción del siniestro la responsabilidad se reparte entre en el Ayuntamiento y el propietario del animal.

El documento menciona que la competencia en materia de ferias y mercados corresponde al municipio, según la Ley de Régimen Local, destacando además que el propio Ayuntamiento constaba como patrocinador del evento.

El Consejo Consultivo entra también a valorar la responsabilidad que pudo tener el propietario del caballo. El dueño, recoge el escrito, declaró que ató el animal a una valla metálica que se encontraba bien anclada y que el amarre fue el adecuado, pero el órgano considera que "o bien la atadura era deficiente o bien el lugar elegido para amarrar al caballo fue inadecuado, por lo que la responsabilidad es del poseedor". Y hace un inciso: "Si, por el contrario, el fallecimiento se hubiera producido a consecuencia de una coz del animal, sin llegar a soltar la atadura, no podría atribuirse a aquél actuación negligente".

Por todo ello, el órgano consultivo determina que la indemnización solicitada por la familia habría de ser dividida a partes iguales entre las dos partes consideradas responsables, Ayuntamiento y dueño del caballo.