Nueve familias de Cártama denuncian a un arquitecto por grietas y desperfectos en sus casas

Nueve familias con 11 niños que residen en la urbanización Casasola de Cártama están inmersas en un procedimiento judicial contra el arquitecto que proyectó la construcción de sus viviendas –adquiridas en 2003– por no haber realizado, según precisó la portavoz de la plataforma de afectados y una de las demandantes, Andrea Gálvez, un estudio geotécnico previo a la edificación que fuera suficientemente exhaustivo como para conocer el comportamiento del terreno.

Y es que, recalcó, el suelo no estaba preparado para soportar una gran tonelada de hormigón armado.

Por su parte, el arquitecto aseguró que prefiere ser prudente puesto que el asunto está judicializado. Precisó, eso sí, que son varias las partes implicadas y que hay "claras discrepancias".

Los afectados comenzaron a sufrir los primeros daños estructurales en mayo de 2012 y, desde entonces, las paredes no han dejado de resquebrajarse. Fue poco después, a comienzos de 2013, cuando denunciaron al arquitecto. Durante este tiempo, han presentado tres presupuestos encargados a distintas empresas especializadas en el reforzamiento de cimentaciones con un único objetivo: micropilotar las viviendas. “Se trataría de construirles una patas de hormigón armado que lleguen a una profundidad de 15 metros, de forma que atraviese la arcilla expansiva y se apoye en terreno duro. Habría que repararlas para que las familias podamos descansar en paz”, resaltó Diego Pacheco, uno de los afectados.

Según detalló, han sido dos las demandas que los vecinos se han visto obligados a interponer, puesto que el tipo de construcción empleado fue distinto entre las distintas casas implicadas. “El coste sería de 130.000 euros en el caso de cuatro familias y de 150.000 para las otras cinco. Ninguna de las viviendas se puede quedar sin reformar. El proceso es tan caro porque tenía que haberse hecho antes de construirse”, apostilló.

La compañía del seguro del arquitecto les ha ofrecido, dijo, 80.000 euros, pero se niegan a aceptarlo. “Pretenden que hagamos de albañiles”, aseveró Pacheco, quien indicó que están a la espera de que se celebre un doble juicio. Por el momento, los técnicos han colocado fisurómetros en las viviendas, aunque las familias son conscientes de que cuando el movimiento “sea muy agresivo”, tendrán que ser obligadas a desalojar los inmuebles.

En su lucha por conseguir la reforma de los inmuebles, precisaron, cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento del municipio, que según explicó a este periódico el alcalde, Jorge Gallardo, realizó un informe para descartar que los problemas procedieran del acerado exterior colindante con las casas. “Facilitamos un estudio con el que se consiguió avalar la mala cimentación de las viviendas, lo que da lugar a grietas importantes en salones, patios, escaleras, baños y porches. Cada día sufren más desperfectos y, si siguen aumentando, nos podría llevar a decretar el desalojo por su propia seguridad. Se han caído algunos azulejos y molduras. Queremos evitar que haya riesgo de derrumbe”, agregó el regidor, quien subrayó que ahora la solución pasa por el micropilotaje, pero que, en caso de que no se actúe, “sería imposible rehabilitarlas y habría que demolerlas”.

Los propietarios argumentaron que los inmuebles “siguen empeorando”. “En verano, se agrietan porque la arcilla, de lo

que se compone el terreno, se seca con el calor. En invierno, la humedad se expande. Hay grietas a través de las que podemos darle la mano a los vecinos y pasarles un plato de comida. El único mal que hemos hecho es comprar estas casas”, se lamentó el progenitor.