Las familias que 'okupan' viviendas desde hace tres meses ya pueden empadronarse

El empadronamiento de las familias que de forma irregular okupan viviendas desde hace, al menos, tres meses es ya una realidad. Así lo indicó el concejal de Asuntos Sociales y Urbanismo, Francisco Pomares, quien precisó que la posibilidad está disponible desde hace dos semanas.

La medida que el Ayuntamiento ahora ha impulsado está dirigida, en palabras del responsable del área, a colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social. "Se entiende que son la mayoría de los okupas. Aquellos a los que se les impide empadronarse al no poder justificar su habitual lugar de residencia sólo tendrán que presentar la documentación necesaria que acredite que lleva viviendo allí un mínimo de tres meses, y lo conseguirá sin ningún problema", explicó Pomares. A partir de ese momento, se activará un protocolo a través del que la Policía Local junto a los servicios sociales procurarán constatar la situación de la familia en una visita al domicilio.

El principal argumento esgrimido por el Consistorio para empadronar a los okupas responde a la necesidad que estas familias tienen de escolarizar a sus hijos y de acceder, según resaltó Pomares, a subvenciones públicas, algo que sin figurar en el censo hasta ahora no era posible. "Estamos en contra de la ocupación ilegal, pero no pueden quedarse excluidas de ayudas, ya sean municipales o de la Junta de Andalucía puesto que han sido creadas precisamente para este tipo de situaciones", recalcó el edil.

Se trata, a su juicio, de casos "excepcionales", ya que son pocos los colectivos que, matizó, "no están empadronados en ningún domicilio". "Se hace sobre todo por la escolarización de los niños, una razón humana y muy de peso que debe entenderse. Aunque son pocas familias, no es justo que por temas de burocracia se queden sin ayudas", resaltó el concejal.

La idea ha cobrado forma después de que, como ya adelantó este periódico en su edición del pasado 21 de mayo, el Consistorio asegurara que estaba "estudiando fórmulas jurídicas" con el padrón municipal que le permitieran encontrar una vía para que las familias "ya establecidas" tuvieran la posibilidad de aparecer en el censo. Una decisión que entonces también estaba motivada por el hecho de que el área de Asuntos Sociales considerara que los afectados no son casos aislados, sino que conforman "proyectos estables que se van a alargar en el tiempo".

No será necesario disponer de una autorización del propietario del inmueble ocupado de forma irregular. "Hemos realizado un estudio jurídico y, si se acredita un arraigo de la familia a su vivienda y la precariedad económica, se justifica su derecho a empadronarse", destacó Pomares.

Pero eso sí, no se trata de una "actuación de oficio que afecte a los derechos administrativos y que suponga eliminar procedimientos por ocupación de vivienda de forma irregular", de forma que los inquilinos podrían ser igualmente desalojados en caso de que así lo dictara una orden judicial.