Casi 2.700 familias perciben un salario social porque ya no cobran ni un euro

El salario social empezó siendo un apoyo económico para familias en situación de exclusión. Pero debido a la crisis, aparte de esas personas, ahora lo perciben también trabajadores que se han quedado en paro, han agotado el desempleo y la ayuda y ya no tenían ningún ingreso. En lo que va de año, 2.683 unidades familiares de la provincia se han acogido a esta prestación económica que obliga a una corresponsabilidad de los perceptores ya que los niños no deben faltar al colegio y los mayores tienen que hacer itinerarios de formación y búsqueda de empleo. La crisis ha añadido un nuevo perfil de beneficiarios y también ha forzado a la Junta de Andalucía -la administración que paga el salario social- a incrementar el presupuesto para esta prestación.

Mientras en 2008 la inversión fue de 5.275.000 euros, en 2011 será de 8.980.000, es decir un 70% más que en aquel año. El repunte de demanda de esta prestación se produjo a partir de 2008. Eran los primeros síntomas de la crisis.

El presupuesto para este salario social es abierto. "No se deja de atender a ninguna familia que le corresponda", sostiene la delegada de Igualdad de la Junta en Málaga, Ana Navarro. De ahí que a más familias demandantes, la Junta haya destinado más presupuesto. Es un apoyo económico que obliga a la familia que lo percibe a asumir unas obligaciones cuyo cumplimiento es vigilado por las delegaciones de Igualdad, Empleo y Educación. "Y si no se cumplen se puede retirar la prestación", aclara Navarro. Además, hay una comisión de técnicos que hace un seguimiento a los casos.

El salario social puede oscilar entre los 397 y los 641 euros en función del número de miembros del núcleo familiar. Puede ser una unidad unifamiliar o con muchos integrantes. El requisito para acceder a esta ayuda es no tener ningún tipo de ingresos en el hogar. No se concede de forma permanente, sino que es por seis meses. Además, no se puede volver a solicitar hasta que no pasen otros tantos meses. La finalidad es que las familias con problemas de exclusión social, en riesgo de estar excluidas o sin ingresos coyunturalmente debido al desempleo tengan un soporte económico básico con el que subsistir.

La demanda puede llegar de forma directa a través de la Delegación de Igualdad, pero en la mayoría de los casos viene derivada por los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos. Las administraciones autonómica y local trabajan en colaboración para que este engranaje funcione, pero es la Junta de Andalucía la que abona las ayudas. Los ayuntamientos remiten los casos y luego también participan en su seguimiento. El salario social forma parte del programa Solidaridad de la Administración andaluza. Navarro explica que esta iniciativa "se ha ido adaptando" a las necesidades sociales y que por eso se ha abierto a "nuevos perfiles" con la consiguiente ampliación presupuestaria.

Además, la Delegación de Igualdad paga ahora esta ayuda de forma mensual. Hasta no hace mucho, se abonaba en un pago único. Pero a fin de que responda realmente a las necesidades del día a día de sus perceptores, "se ha hecho un importante esfuerzo", según Navarro, para que la liquidación se haga mensualmente. El Gobierno autonómico trabaja en la elaboración del proyecto de Ley Andaluza de Renta Básica que aún no ha llegado al Parlamento, pero que se basa justamente en la experiencia de la aplicación del programa Solidaridad.

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