Málaga

El fiscal pide 226 años de cárcel para el ex alcalde de Alcaucín

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado más de 226 años de prisión para el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, por numerosos delitos en el caso Arcos contra la corrupción urbanística, en el que acusa a otras 48 personas. En el escrito, el Ministerio público solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Málaga para 49 imputados después de que la instructora del caso procesara el pasado junio a 51 personas en este caso, entre ellas a Martín Alba, que dejó el PSOE tras su detención en la causa y es concejal independiente.

La Fiscalía acusa al ex regidor de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias por los que le pide penas que superan los 226 años de prisión y los 700 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Por su parte, para el que fuera jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, el fiscal solicita un total de 111 años de prisión por los delitos de falsedad, estafa, falsificación, cohecho, ordenación del territorio y falsedad en documento oficial. Pese a estas elevadas penas, el fiscal alude en su escrito al límite máximo de cumplimiento establecido en el artículo 76.1 del Código Penal, que establece -salvo excepciones- como topes máximos de condena el resultado de multiplicar por tres la mayor de las penas en que haya incurrido el condenado o un máximo de veinte años, de forma que el resto de tiempo de cumplimiento quedaría extinguido.

Precisamente, Martín Alba, tachó ayer de "barbaridad y disparate como un templo" la petición de cárcel que hace para él la Fiscalía en el marco del caso Arcos. El ex regidor socialista aseguró que sabía que el fiscal iba a pedir para él la máxima pena "porque piden por pedir, sin argumentos y a mí me tienen enfilado".

"Esto es injusto", añadió, al tiempo que reclamó que la Justicia sea igual para todos, ya que en toda la comarca de la Axarquía hay viviendas en el campo. "Pero parece que sólo yo tengo que pagar por ello, mientras la Junta de Andalucía miró para otro lado", apostilló.

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