Las fugas de menores de los centros de acogida o de reforma han disparado las denuncias por desaparición que se mantienen activas en la provincia de Sevilla. Así figura en el informe anual sobre desaparecidos que publica el Ministerio del Interior, que recoge una serie de estadísticas por provincias. En la de Málaga, a fecha 31 de diciembre de 2018, permanecían abiertos 588 casos. De ellos, sólo diez son de riesgo alto. La cifra multiplica por doble a la del año anterior, que se cerró con 301 expedientes. Esta subida importante sigue una tendencia que se observa en toda España.

De las 588 denuncias que permanecen activas en la provincia de Málaga, 492 corresponden a menores de edad. Traducido a porcentajes, supone casi el 83,67% del total.

Interior explica las causas del incremento en su informe. “Aunque las fugas de menores de centros de acogida se han venido incrementando desde el año 2017, ha sido durante el pasado 2018 cuando dicho aumento se ha producido de manera considerable”. En toda España han crecido un 67,8% las denuncias activas por menores correspondientes a hechos de este tipo.

En estos datos se incluyen a los menores extranjeros no acompañados (Mena), que suelen escaparse con frecuencia de los centros en los que se encuentran. Los responsables de estas instalaciones presentan denuncias por desaparición cuando se produce alguna de estas fugas, pero luego se olvidan de comunicar que el menor ha aparecido.

De esta forma, la denuncia se queda abierta y no se cancela, y sigue contando en la estadística. Otras 13 denuncias son casos de sustracción de menores. Este tipo de delito es el que comete uno de los progenitores cuando no entrega a su hijo a quien tiene la guarda y custodia del mismo. Estas denuncias también han subido, pues en 2017 fueron diez. La gran mayoría de las denuncias activas en Málaga son de riesgo limitado. Sólo 10 han sido calificadas como de riesgo alto.

Se trata de una clasificación que establece el Ministerio del Interior en función del criterio de la Policía Judicial que analiza cada desaparición. Si el desaparecido es menor de edad, el caso siempre se considera de alto riesgo. A raíz de la desaparición de la sevillana Marta del Castillo, el Ministerio del Interior cambió los protocolos de actuación de las Fuerzas de Seguridad para investigar las desapariciones.

Cada vez que se denunciara la ausencia de una persona de menor de edad, la Policía y la Guardia Civil comenzarían inmediatamente a investigar, sin necesidad de que transcurrieran 24 horas ni ningún otro plazo. Era una forma implícita de reconocer los errores de la Policía al principio de la investigación, que terminarían siendo claves para que nunca se hallara el cuerpo de la joven desaparecida.

Diez años después, Interior ha vuelto a revisar los protocolos de actuación para las desapariciones.El año pasado se cumplió una década de la desaparición en la provincia de Málaga de la joven irlandesa Amy Fitzpatrick, que tenía entonces 15 años, cuando se dirigía a su casa en Mijas-Costa, sin noticias sobre su paradero. La investigación sobre la desaparición de la joven afincada en la Costa del Sol se mantiene abierta, aunque sin novedades.

La chica pasó la nochevieja de 2007 en casa de su amiga Ashley en la urbanización Calypso de Mijas-costa, donde ambas estuvieron cuidando del hermano pequeño de esta última. La mañana del 1 de enero de 2008 fueron a la vecina localidad de Fuengirola y tras almorzar, visitaron el zoco de Calahonda y regresaron a la vivienda, según explicó en su día la amiga de la joven.

Según esta versión, que fue corroborada por la madre de Ashley, Amy Fitzpatrick se marchó sobre las 22.00 horas del 1 de enero de 2008 para dirigirse a su casa, ubicada en la urbanización Riviera del Sol. La madre de Amy, Audrey Fitzpatrick y su pareja, Dave Mahon, denunciaron dos días después ante el cuartel de la Guardia Civil de Mijas la desaparición de la joven,

El ministro, Fernando Grande-Marlaska, presentó la semana pasada un paquete de medidas que han sido puestas en marcha por su departamento para mejorar la eficacia en las investigaciones sobre personas desaparecidas y la atención a los familiares de las víctimas. Desde el año 2010 se han presentado en España un total de 174.883 denuncias por desapariciones de personas, de las que han sido resueltas 163.405, según figura en el informe, que ha servido de punto de partida para articular una mejor respuesta a este problema.

Grande-Marlaska explicó que mejorar los mecanismos ante las desapariciones de personas constituye una prioridad para el Ministerio y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La presentación de las medidas se hizo de cara a la celebración el 9 de marzo del Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Entre estas medidas destaca el protocolo de actuación de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas, que ha sido elaborado tras un exhaustivo análisis y cuyo objetivo es servir de herramienta de base a emplear por Cuerpos policiales ante un hecho de esta naturaleza.

Según la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, este documento establece una nueva clasificación sobre las personas desaparecidas (desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas), algo fundamental debido a la gran casuística que muestra el entramado de las desapariciones, que, partiendo de una realidad abrumadora como es que la desaparición de una persona, conlleva unas circunstancias que la hacen única en cada caso. En función de esta clasificación, el documento introduce unos indicadores de riesgo a valorar por los agentes ante el conocimiento de un hecho de esta naturaleza.