Se cumple un mes desde que comenzó la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. Primero, con paros parciales de tres horas; posteriormente, con días de huelga general. De esta manera, los juzgados de Málaga se están "colapsando". Según los datos que manejan los convocantes, se han suspendido 2.600 juicios en la provincia, alrededor de 12.000 demandas -de las 20.000 que se han registrado desde que comenzara la suspensión de su actividad-han quedado sin incoar y han dejado de practicarse unos 100 lanzamientos. 

Afirman que "el funcionamiento normal de los órganos judiciales ha quedado ralentizado e incluso paralizado" al no estar llevando a cabo determinadas actuaciones encomendadas a los funcionarios de Justicia, tales como entregas de mandamientos de dinero o notificaciones diversas de los servicios comunes. Además, apuntan que el seguimiento de la huelga en la provincia "en ningún momento ha bajado del 65%". 

Asimismo, advierten de que "lo peor está por llegar" porque a partir del próximo lunes 22 de mayo "los funcionarios de Justicia estamos convocados a una huelga indefinida". Por ello, piden disculpas a los ciudadanos que se puedan ver afectados, pero "queremos que entiendan que luchamos por nuestros derechos labores, y por dignidad y respeto ante el trato humillante que nos está dando el Ministerio de Justicia", manifiestan. 

¿Cuáles son sus reivindicaciones?

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT reclaman una mejora retributiva global de 200 millones de euros -hasta unos 430 euros mensuales por funcionario- tras la oferta de 46,7 millones que presentó el Ministerio la semana pasada para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales, lo que se traduce en unos 450 euros al mes.

Según CSIF, exigen "una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros" mensuales. "Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'complemento general del puesto', una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen", indican.

Además del incremento salarial, reclaman participar en la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa. De no conseguir una oferta, seguirán adelante con la convocatoria de huelga general indefinida que tienen prevista para el 22 de mayo, fecha en la que cuatro de las cinco asociaciones de jueces contemplan ir a huelga indefinida de no llegar a un acuerdo con el Ministerio. Así, los funcionarios darían el paso de una huelga indefinida con paros parciales de tres horas diarias -que empezó el 17 de abril- a una huelga total con paros de 24 horas.

Un mes de movilizaciones

A lo largo del conflicto, los sindicatos convocantes han considerado que la "posición" de Justicia, de negar en un principio "cualquier subida" retributiva, ha provocado la "indignación del colectivo" y un "profundo malestar" que les ha llevado a "incrementar la presión con nuevas convocatorias de huelga".

Cabe recordar que, en el marco de sus protestas, el pasado 9 de mayo CSIF remitió una carta al presidente del Gobierno, emplazándole a que autorizase una oferta económica que reconociese las funciones que realizan cada día los funcionarios y su posibilidad de negociar el contenido de los proyectos de ley de eficiencia.