Un total de 65 fueron los días que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) permanecieron en huelga y, como mínimo, ocho los meses que tardaría esta administración en recuperar su funcionamiento habitual. Si bien, este lunes ha arrancado un nuevo paro indefinido de funcionarios de Justicia, que reclaman mejoras retributivas y laborales. Además, se prevé que la paralización de su actividad "haga mucho más daño" que la inactividad de los secretarios judiciales, pues solo en la provincia se estima que el número de estos trabajadores ronde los 1.800. De esta manera, se superarían las 200 vistas que se suspendían al día durante la anterior huelga. 

Así lo ha explicado Ana Belén Andrés, delegada en Málaga del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) -una de las asociaciones que ha secundado el paro junto con CSIF, CCOO, UGT y CIG-. "Lo que queremos es colapsar el servicio público lo antes posible para que el Gobierno se siente a negociar con nosotros. Es la única forma que tenemos de ejercer presión. Lo hemos intentado mediante la negociación, ha habido muchas reuniones previas y no hemos llegado a los mínimos de respeto de los derechos de las condiciones laborales, por lo que nos han obligado a convocar movilizaciones", ha manifestado. 

¿Quiénes son estos funcionarios y qué labores realizan?

Estos funcionarios pertenecen a los subgrupos A1 (médicos forenses y facultativos), A2 (Gestión Procesal y Administrativa y técnicos especialistas de laboratorio), C1 (Tramitación Procesal y Administrativa y ayudantes de laboratorio) y C2 (Auxilio Judicial).

Según Andrés, llevan a cabo "el 90% tareas que se hacen en los juzgados". "Menos los autos y los decretos, llevamos todas las resoluciones de trámite, las diligencias de ordenación, muchas providencias, los emplazamientos, los requerimientos, las notificaciones, las comparecencias, las averiguaciones patrimoniales y los embargos. Luego las firman los magistrados y los letrados, por supuesto", ha explicado.

Reivindicaciones principales

Sus reivindicaciones principales, que les han llevado a huelga, son la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo en la modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia, el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, la eliminación de diferencias retributivas derivadas de los grupos de población elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1, y la publicación, antes de que acabe la legislatura, del Real Decreto que establezca las cuantías mínimas del complemento de Carrera Profesional.

Decenas de funcionarios de Justicia, manifestándose a las puertas de los juzgados de Málaga.

Con el objetivo de alcanzar estos reclamos, decenas de funcionarios se han concentrado este lunes, sobre las 10:00, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga. "¡Huelga huelga huelga, si esto no se arregla" y "¡Sin negociación, ministra dimisión!" han sido algunos de los cánticos que han aclamado estos trabajadores acompañados por el sonido de silbatos y bocinas. Más tarde, los huelguistas han entrado en los juzgados y recorrido los pasillos de los mismos, interrumpiendo así la celebración de algunas vistas como consecuencia del gran alboroto. 

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— CSIF Nacional (@CSIFnacional) April 17, 2023

En cuanto al nivel de seguimiento de la huelga, la delegada provincial de STAJ lo cifró en torno a un 80 y un 85%; un dato que contrasta con el aportada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, que indicó que solo un 27,79% de funcionarios secundó la huelga. 

Cabe destacar que las jornadas tendrán paros de entre las 10:00 y las 13:00, aunque el próximo miércoles 19 de abril los funcionarios de Justicia han convocado una huelga general durante todo el día y una manifestación en Madrid.

Servicios mínimos establecidos durante la huelga

Se han determinado como servicios esenciales para estos días: prestar de forma presencial las guardias de los Juzgados, Fiscalías e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que deberán contar con toda su dotación de personal; las medidas cautelares o provisionales; los juicios orales del orden penal en causas con preso; las actuaciones del Registro Civil; los procedimientos relativos a casos de violencia de género así como para la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.

Para prestar estos servicios, sindicatos y Junta han determinado de mutuo acuerdo el personal necesario en cada tipo de órganos judiciales. Así, en el TSJA prestará servicio una persona del cuerpo de Gestión Procesal o del cuerpo de Tramitación en cada sala.

En las Audiencias Provinciales, habrá un gestor o tramitador en cada Oficina de Registro y Reparto y un funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial en las secciones penales. Por su parte, las Fiscalías contarán con un gestor y un tramitador tanto para las capitales como para las Fiscalías de Menores.

Para los Juzgados de Primera Instancia, los de Instrucción, los Mixtos con competencias en Registro Civil y Violencia sobre la Mujer, los Contenciosos, los Sociales y los de Vigilancia Penitenciaria se ha fijado que en cada órgano preste servicios mínimos un gestor procesal o un tramitador, mientras que en los especializados en Violencia sobre la Mujer habrá un funcionario de cada uno de estos dos cuerpos.

En el caso de la Jurisdicción Penal, cada órgano contará con un gestor y un tramitador mientras que habrá un Auxilio Judicial por cada cuatro juzgados. Los Juzgados de Menores y de Paz contarán con una persona en servicios mínimos de cualquiera de los cuerpos.

Para el Registro Civil de Málaga se ha fijado que realicen servicios mínimos un funcionario de Gestión o Tramitación procesal y un Auxilio Judicial. También contarán con un gestor o tramitador para los Decanatos e igual dotación para los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos.

Las guardias presenciales serán prestadas por toda la plantilla a la que corresponda de los distintos cuerpos, incluidos los médicos forenses, mientras que las guardias de disponibilidad correrán a cargo de dos funcionarios.