Hace poco más de una semana que el Gobierno central puso en marcha la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel, tanto a particulares como a profesionales, para paliar los máximos históricos que está alcanzando el precio del combustible como consecuencia de la invasión militar rusa sobre Ucrania. El conflicto deriva de la obligación impuesta a las gasolineras de adelantar el importe de la bonificación. "La mayoría de gasolineras son pymes o micropymes, con tres o cuatro trabajadores. Entonces es un gasto inasumible para muchas de ellas", denunciaba el secretario general de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Málaga (APES Málaga), Miguel Ángel Ramírez.

"La mayoría de gasolineras ya han cobrado. Entre el 80 y el 90% de las personas que lo pidieron ya tienen el dinero ingresado", asegura Ramírez. Y es que hace tan solo unos días, el secretario general de APES Málaga advertía de que si los anticipos se demoraban mucho algunas estaciones de servicio se verían abocadas al cierre temporal. De momento, "no me consta que ninguna esté en esta situación", apunta.

No obstante, la patronal continúa con las reivindicaciones y pide al Gobierno que aclare "qué tratamiento fiscal y contable" van a tener los anticipos, pues aclara que "dependiendo de esto, las empresas beneficiadas quizás tengan que pagar a Hacienda".

Para facilitar la gestión de los adelantos, el Gobierno estableció un interlocutor entre la patronal nacional, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), y el Ministerio de Hacienda, "con el compromiso firme" de que intentaría solucionar, "en el menor tiempo posible" todas las incidencias que se pudiesen producir. Los problemas debían ser reportados a través de correo electrónico. Una medida que, finalmente, no ha resultado efectiva, según ha informado Miguel Ángel Ramírez.

"Gracias a las presiones" de las asociaciones, el Ejecutivo ha facilitado un número de teléfono que "parece que está funcionando bien", ya que "se está dando un trato personalizado a cada empresario que llama y se le están ofreciendo soluciones", señala Ramírez.

Una opinión que no comparten todas las estaciones de servicio. "Es imposible que te cojan el teléfono porque está colapsado", explica uno de los encargados de la gasolinera Galp ubicada en el polígono industrial Guadalhorce, al tiempo que reconoce que las dudas que tienen las resuelven con la información que les llega de personas que se dedican también al sector. 

Aunque cuenta que recibieron el anticipo el jueves, critica que tardaron varios días en poder completar el formulario habilitado "porque había problemas con la página". "Desde el primer día ha habido confusión empezando por la aplicación de descuentos". "Esto es un caos", manifiesta.

A su juicio, el Gobierno ha empleado "la forma más enredosa y complicada posible" de rebajar el combustible a la población. "Hubiera sido mejor hacer una rebaja del impuesto y todo habría sido infinitamente más sencillo", defiende.

Una medida que también comparte la mayoría de patronales. Antes de que se hiciera efectiva la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, la Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas instó en un comunicado al Ejecutivo a que ofreciera una solución relativa al precio de los carburantes mediante ajustes en los impuestos y "no obligando a hacer un descuento en el precio de venta que vulnera la libertad del empresario que protege nuestra Constitución". 

Con esta propuesta desestimada y el retraso que se ha producido en la llegada de los anticipos, AESAE ha informado de que estudia llevar a cabo "actuaciones (legales) a nivel nacional como a nivel comunitario, pues entendemos que ambos pueden tener competencia sobre lo que está aconteciendo en el mercado de venta de carburantes al por menor". "Somos colaboradores de la Administración pero no tenemos los recurso para ser su banco", añade.

Cabe recordar que el descuento de 20 céntimos por litro se extenderá hasta el 30 de junio y el Ejecutivo central ha movilizado 16.000 millones de euros, 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones más en créditos ICO.