El titular de una gestoría y un panadero, condenados por falsificar un contrato de trabajo

La Audiencia de Málaga ha confirmado una condena de un año de cárcel al titular de una gestoría y a un panadero por falsificar un contrato con sus correspondientes nóminas para que un trabajador, también pudiera obtener permiso de residencia y trabajo.

El panadero y el gestor presentaron un contrato de trabajo falso ante la Subdelegación del Gobierno, "iniciando los trámites necesarios para la obtención del permiso de trabajo y de residencia", sin embargo, el supuesto empleado nunca prestó servicios laborales en la empresa, ni en el centro de trabajo que aparecía, que era una panadería ubicada en Málaga capital, "llegando a confeccionarse nóminas a través de las cuales se pretendía acreditar una relación laboral inexistente". Agrega que "no existió relación laboral alguna" y se precisa que "si el acusado entregó algún dinero, cantidades muy exiguas, a modo de limosna, fue por otros motivos ajenos" al contrato simulado.

La sentencia les impone a ambos un año de prisión por un delito de falsedad, así como una multa de seis meses, con una cuota diaria de diez euros, lo que supone el pago de 1.800 euros. La sentencia fue recurrida por las defensas, pero el tribunal de apelación ha confirmado la resolución.

No obstante, el tribunal subraya que no ha quedado acreditado que el gestor, a través de otras empresas, presentaran más ofertas "mendaces" ante la Subdelegación a favor de otros extranjeros para obtener también los permisos de residencia y trabajo. Este hombre había sido acusado de un delito continuado de falsedad por la contratación de 56 trabajadores extranjeros que, gracias a esos contratos, pudieron en su mayoría conseguir las autorizaciones administrativas de residencia. El tribunal lo absuelve al tiempo que hace constar que "se ha realizado una investigación judicial deficiente" al respecto. Además, pone de relieve las dificultades para investigar este tipo de delitos, ya que los extranjeros afectados "suelen ser, además de víctimas, sujetos activos de los delitos" y una vez que obtienen el permiso de residencia "es muy difícil localizarlos para poderlos oír en declaración".