El Gobierno quiere saber ahora cómo acabar con los atascos de la A-7 entre Málaga y Marbella

Málaga/El Gobierno empieza a estudiar ahora cómo acabar con los problemas de tráfico entre Málaga y la Costa del Sol occidental. El Ministerio de Trasnportes, dirigido por Óscar Puente, ha sacado a licitación un estudio de alternativas para dirimir cómo solucionar los atascos que a diario se producen, sobre todo, entre Estepona y Fuengirola, con San Pedro y Puerto Banús como puntos negros. Dejan abierta la posibilidad a una ampliación de la A-7 o la reordenación de accesos.

El objeto del estudio que ahora, tras las dos reuniones con las instituciones locales, provincial y regional sacan a concurso pretende analizar alternativas viables a una carretera que, en gran parte, procede del desdoblamiento de la antigua carretera N-340, "lo que ha provocado que existan numerosos accesos a la A-7 procedentes de la Costa del Sol, una zona de fuerte presión urbanística".

Además, añaden desde el Ministerio que la A-7 "soporta una elevada intensidad de tráfico a diario", apuntando que el tramo entre Fuengirola y San Pedro de Alcántara superaba en 2019 los 65.000 vehículos de media diaria, llegando incluso a alcanzar los 93.945 en la estación de aforo cercana a San Pedro de Alcántara. "Eso significa que el nivel de servicio de la A-7 no se adecúa a la realidad", reconocen.

Así, entre las posibles soluciones a estudiar estaría la ampliación de capacidad y/o mejora de la autovía A-7, incluyendo la reordenación de accesos mediante la ejecución de vías colectoras, laterales o vías de servicio, la remodelación de enlaces, etcétera.

El objetivo fundamental debe ser el de mejorar la seguridad vial del ámbito, y en la medida de los posible, reducir la congestión, han manifestado. Se busca igualmente conocer las iniciativas y planes de otras administraciones con competencias concurrentes en el ámbito del estudio, con el objeto de poder actuar coordinadamente y establecer sinergias; y diseñar las posibles alternativas de actuación; así como cuantificar los costes de construcción, incluyendo expropiaciones, y posterior conservación y explotación de cada alternativa.

También hace un análisis multicriterio de las alternativas que se consideren viables, ponderando factores económicos (costes de inversión inicial y mantenimiento), funcionales (mejora de niveles de servicio, mejora en la accidentalidad esperada, dificultad y plazo de construcción), territoriales (compatibilidad con el planeamiento, superficie de expropiaciones en terrenos urbanos o urbanizables, etc.) y ambientales (ponderación de superficies de ocupación en función del valor ambiental de los terrenos afectados, afecciones a espacios protegidos y patrimonio cultural, etc.).

Asimismo, por último, se pretende realizar un análisis coste-beneficio con objeto de determinar la rentabilidad de las alternativas de mejora, en función de los costes y beneficios esperados: reducción de los tiempos de recorrido y costes de funcionamiento de los vehículos, reducción de la accidentalidad, reducción de externalidades de ruido, etcétera.