El guarda de campo de Cártama dice que es víctima de una conspiración municipal

El guarda de campo de Cártama al que el Ayuntamiento encomendó en 2004 vigilar la edificación de obras ilegales en suelo rústico aseguró ayer ante el jurado que le juzga por presunto cobro de soborno y coacciones que él en realidad ha sido víctima de una conspiración municipal porque en año y medio denunció 7.500 obras fuera de planeamiento. Y que esta labor la realizó sin miramientos, delatando incluso al entonces concejal de Seguridad del municipio por hacerse un chalé con piscina en suelo no urbanizable a pesar de que había sido quien le "contrató a dedo".

Miguel Ángel G. explicó a preguntas de la Fiscalía que el Ayuntamiento le adjudicó un contrato de prestación de servicios que le convertía en el "chivato" del Consistorio, en el sentido de que comunicaba al servicio de urbanismo y, concretamente, a la aparejadora municipal las obras ilegales que localizaba. Ese contrato también incluía la notificación de los expedientes de disciplina urbanística y las sanciones, puesto que al tratarse de viviendas sin sustento legal no disfrutan del servicio de correos.

Un jurado popular juzga desde ayer a este hombre, al que el fiscal acusa de reclamar en al menos 11 ocasiones dinero -en total 130.000 euros- para impedir sanciones, paralizaciones o por ocultar expedientes urbanísticos. Además, se juzga a otras dos personas más, uno que actuó de intérprete en una ocasión y uno de los propietarios que supuestamente pagó.

El fiscal, que le acusa de un delito continuado de cohecho, señaló que no se ha podido probar que este procesado llegara a cobrar más que de una persona, que está acusada y cuya defensa reconoció que lo hizo, al estar convencido de que "estaba pagando a un agente de la autoridad", no sólo por la apariencia física sino "en el proceder", con el fin de "evitar un mal mayor".

Por su parte, el letrado del Ayuntamiento de Cártama, personado como acusación particular, indicó que "nadie puede pedir dinero para legalizar lo ilegalizable" y añadió que el principal acusado "decía que era la mano derecha del alcalde y que estaba autorizado para ello". Respecto al intérprete, su abogado dijo que fue "instrumento de traducir, no cómplice", como está acusado.