Huelga contra el decreto de escolarización

La comunidad educativa va a la huelga para que no se “desmantele” la enseñanza pública

  • Sindicatos y alumnos coinciden en su rechazo al decreto de escolarización y exigen que siga el sistema anterior

  • El paro será el 4 de marzo para las enseñanzas no universitarias

Representantes sindicales, este viernes, en la rueda de prensa.

Representantes sindicales, este viernes, en la rueda de prensa. / L. G.

El nuevo decreto de escolarización que cambia criterios de admisión para favorecer la elección de centros concertados ha tenido ya su primer efecto: unir a los estudiantes y a cinco sindicatos en el rechazo frontal a esa norma. Tal es la oposición, que han convocado una “huelga general educativa” para el próximo 4 de marzo. La protesta es para todos los niveles: segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. En resumen, todas las enseñanzas no universitarias. Una huelga a la que están convocados tanto los trabajadores como los alumnos.

UGT, CCOO, ANPE, CSIF, Ustea y el Frente de Estudiantes consideran el decreto aprobado esta semana “un ataque frontal a la escuela pública” y piden que se mantenga el decreto que estaba vigente hasta ahora.“La libertad de elección ha funcionado hasta ahora, pero este señor [en alusión al consejero de Educación, Javier Imbroda] está metiéndoles a los padres la concertada y poniendo en duda la calidad de la educación pública”, ha criticado el representante de Ustea, Marcelino García.

Los sindicatos coinciden en que con el decreto que regía hasta ahora sólo el 7% de los niños se quedaban fuera del centro de primera elección y apenas el 3% en el de segunda. Para las organizaciones sindicales que impulsan la huelga, “el truco” del decreto es que en su artículo 4 contempla que puedan ampliarse unidades en función de la demanda social.

El “desmantelamiento” de la educación pública en beneficio de la concertada “no va a ocurrir en un año, pero irá promoviéndose con el tiempo”, según la responsable de Educación de UGT, Dolores Domenech. Los sindicatos se pronunciaron sin fisuras contra el nuevo sistema de escolarización. “El anterior decreto funcionaba. Éste da alas y abre las puertas a la privada concertada y a la segregación”, ha argumentado la representante de educación pública de CCOO, Yolanda Gamero.

Las organizaciones sindicales vaticinan que poco a poco, habrá una supresión de unidades en la enseñanza pública en zonas favorecidas, donde se potenciará la concertada. “La pública quedará en las zonas desfavorecidas. Se ve la intencionalidad de este decreto”, ha opinado Domenech.

Sindicatos acusan al consejero de mentir ya que es “falso” que haya consenso en el decreto

El malestar de las seis organizaciones con el consejero de Educación es monumental. Le acusan de haber “mentido” porque “es rotundamente falso” que el decreto se haya consensuado. “No le tenemos miedo a la concertada, pero no estamos de acuerdo en que se esté invirtiendo lo que se está invirtiendo en la concertada. Es obligación del consejero apoyar a sus centros, apoyar a la educación pública. Y cuando se cierran unidades en la enseñanza pública es tirar dinero público para inyectarlo en la concertada”, ha protestado García.

Desde el Frente de Estudiantes, Sara Cabello, también ha dejado patente el rechazo del alumnado: “Animamos a la comunidad educativa a vaciar las aulas”. Un apoyo a la huelga que defendió para que no se hagan “concesiones a la concertada”.

Para ANPE, la nueva norma es un “decretazo” sin consenso por lo que reivindica, como las demás organizaciones, que se mantenga el sistema que venía rigiendo hasta ahora de escolarización. “El consejero ha mentido porque no ha sido por consenso. Es un menosprecio a la educación pública y a todos los profesionales”, ha agregado.

Los sindicatos han coincidido que a la larga habrá un “desmantelamiento” de la educación pública. “En cinco años vamos a ver el producto del decreto y va a repercutir en la equidad”, ha advertido la representante ugetista. Los representantes de los trabajadores auguran que con este decreto se impondrá el modelo que ya se aplica en la comunidad de Madrid y aclaran que ellos defienden “la calidad y la equidad”.

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