Los cambios en el mapa de escolarización y las áreas de influencia aprobados este lunes por la Junta de Andalucía para que los solicitantes tengan la máxima puntuación en, al menos, un centro de cada tipo, uno público y uno privado concertado no ha gustado a todos. Días antes de la aprobación del decreto de admisión, los sindicatos anunciaron movilizaciones y Marea Verde Andalucía ha exigido la dimisión inmediata del consejero de Educación, Javier Imbroda por su "defensa de la educación concertada". 

La plataforma considera que "el decreto tiene el único objetivo de favorecer a los centros privados y, llegado el momento, eliminar grupos en los centros públicos con el argumento de que no hay alumnado". Y agregan que "el sistema educativo no es un mercado, es un servicio público que no se puede regir por la oferta y la demanda". 

Marea Verde acusa al Gobierno andaluz y a su consejero, Javier Imbroda, de "privatizar la enseñanza" y lo hace, aseguran, "diciendo que da libertad a las familias cuando lo que da es derecho de segregación. Es decir, ordenar la desigualdad de clases para otorgar más mercado educativo a las empresas privadas subvencionadas". 

También consideran que "la gran beneficiada" de este cambio es la iglesia católica, "con una red de centros muy amplia, con derecho al adoctrinamiento e incurriendo en cobros que favorezcan más si cabe, la segregación por motivos económicos". 

Además, afirman que Imbroda "se permite el lujo de hacer insinuaciones contra la escuela pública y todos los profesionales" con declaraciones como “la enseñanza pública debe dejar de mirar de reojo a la concertada y centrarse en mejorar” o “no todo el mundo vale para ser docente y que en esta profesión deben estar los mejores”.

También subrayan que el ejemplo más claro y más cercano de las intenciones del Gobierno andaluz "se ve  con toda claridad en el caso de zonas de alto crecimiento de la población como Teatinos, en las que están facilitando y promoviendo la construcción y apertura de centros privados y bloqueando la construcción de centros públicos que llevan más de 10 años pidiéndose". 

Además de pedir la dimisión inmediata del Consejero de Educación y anuncian movilizaciones hasta la retirada del decreto de escolarización.