Los últimos 20 años han cambiado la fisonomía de los ayuntamientos. Eran unas administraciones que parecían de menor rango, con unos presupuestos de miseria, arrumbadas en edificios ruinosos la mayoría de las veces y dirigidas por una clase política catalogada de segunda división. En la primera mitad de los años 90 comenzó la transformación. El mejor ejemplo de su poder es el protagonismo que han cobrado los alcaldes. La política local es un caladero de primer orden del que surgen ministros, portavoces parlamentarios y barones de la política nacional.

A comienzos de los 90 los ayuntamientos españoles gastaban al año una media de 463 euros por habitante. Ahora superan los 1.200 euros per cápita. Durante este tiempo, han engordado: han aparecido los coches oficiales, las empresas municipales o los gabinetes de asesores. Pero también han sido el primer frente público que ha tenido que afrontar la llegada de la inmigración, las necesidades derivadas de la incorporación masiva de la mujer al trabajo, la falta de vivienda y hasta las recientes inquietudes ambientales.

En este periodo han crecido exponencialmente lo que se denominan gastos impropios, es decir, servicios que formalmente corresponden a otras administraciones pero que prestan los municipios a pesar de no tener expresamente atribuida una financiación. El economista Manuel Esteban precisa en un artículo publicado en la revista del Instituto Superior de Economía Local (ISEL) que esas responsabilidades se asumieron por la interrelación de tres factores. "Demanda local insatisfecha, oportunidad política local y predisposición de las comunidades autónomas a descentralizar de hecho este gasto a través de la firma de convenios dotados de financiación insuficiente para la prestación de estos servicios".

En este momento, se calcula que el gasto impropio consume entre el 30 y 40% de los ingresos de las administraciones locales. Los alcaldes, y con especial ahínco los del Partido Popular, exigen una reforma del sistema de financiación local para que estos servicios impropios se les atribuyan formalmente, de modo que puedan recibir del Gobierno central y, fundamentalmente de las comunidades autónomas, transferencias de capital suficientes para asumir su coste.

La primera teniente de alcalde de Fuengirola, Ana Mula, es expeditiva: "O cada administración asume sus competencias y nos liberan a los ayuntamientos de los servicios impropios que prestamos sobre todo en el ámbito de los servicios sociales o se transfieren los fondos. Mientras tanto el problema económico de los ayuntamientos no se arregla".

El concejal de Hacienda de Vélez, Fermín Domínguez, confía que la participación en los presupuestos de la Junta el próximo año y una buena racionalización del gasto sean suficientes para torear la que cree que es "la peor etapa económica que han vivido los ayuntamientos en democracia".