El juez imputado por el caso Goldfinger niega que prevaricara

El que fuera titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella Manuel Jaén negó ayer las acusaciones de prevaricación por las que declaró como imputado ante el TSJA por su instrucción en el caso Goldfinger, ligado a la recalificación de la parcela en la que el actor Sean Connery tenía su casa. El juez, actualmente en condición de cese por comisión de servicios como magistrado adscrito al Ministerio de Justicia, compareció durante cerca de cuatro horas ante Miguel Pasquau, magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

Jaén, que a su llegada al alto tribunal andaluz eludió hacer declaraciones a los periodistas y que en esta instrucción está defendido por la Abogacía del Estado, negó las acusaciones de prevaricación que le atribuye la parte querellante, según informaron a Efe fuentes judiciales. La citación como imputado del magistrado se produjo al considerar la Sala de lo Civil y Penal que los argumentos expuestos por el querellante y los destacados por el fiscal en un informe eran "suficientes como para justificar una investigación penal". Entre los hechos que se investigan se encuentra la posible revelación de datos de una instrucción penal declarada secreta y falta de motivación en la decisión de investigar, entre otros.

Por este motivo, la Sala, que aún no ha hecho posible calificación jurídica los hechos, le citó para oír las explicaciones del querellado y determinar si se trata "de un deliberado artificio procesal" para obtener de manera contraria a Derecho información para la causa principal que instruía el magistrado.

La Fiscalía presentó en septiembre escrito de acusación contra 16 personas por el caso Golffinger, entre ellos, el cerebro del caso Malaya contra la corrupción, Juan Antonio Roca, y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que se enfrentan a penas de ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente. Roca está acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio, un delito continuado de fraude y cohecho pasivo y también se le piden siete millones de euros de multa e inhabilitación durante veinte años.