La jueza del incendio de Coín se hará cargo del caso de Parque Animal

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos está en comisión de servicio

Detención en Parque Animal.
Detención en Parque Animal.

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Coín, que instruye el caso del catastrófico incendio que afectó a seis municipios malagueños el pasado mes de agosto, se hará cargo ahora del conocido caso de la Protectora de los horrores de Torremolinos. El juez del juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos, encargado de la investigación de la muerte masiva de casi 3.000 animales a manos de la directora del centro Parque Animal, Carmen Marín, ha sido trasladado en comisión de servicio a otro órgano judicial.

La nueva titular, que ya se ha incorporado al juzgado de Torremolinos, se encuentra con un caso aún con muchos flecos por cerrar. La instrucción por los presuntos delitos de maltrato animal e intrusismo profesional está prácticamente terminada, a la espera de que la Audiencia Provincial de Málaga se pronuncie sobre el recurso presentado por la Fiscalía para acusar también a la principal imputada del delito de falsedad documental.

Sin embargo, el juez que hasta ahora se ha encargado del espeluznante caso de presunto maltrato animal, que se hizo público en noviembre de 2010 tras una minuciosa investigación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, abrió una pieza separada para investigar los supuestos delitos económicos derivados de la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales de Torremolinos que presidía Carmen Marín. Esta parte de la investigación todavía no ha concluido y los agentes del Instituto Armado continúan su trabajo dado que se sospecha que la presidenta de Parque Animal y su entorno familiar pudieron disfrutar de más de 300.000 euros procedentes de la asociación, constituida sin ánimo de lucro, en compras, viajes y actividades de ocio.

El juez estimó en su momento, y según expuso en su auto, que la principal imputada por un presunto caso de maltrato animal también podría haber incurrido en los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y posibles delitos societarios relacionados con su gestión al frente de este organismo sin ánimo de lucro.

El centro Parque Animal se nutría, entre otros recursos, de subvenciones públicas del Ayuntamiento de Torremolinos, al tener adjudicado el servicio municipal de recogida de animales abandonados desde 2001. Las diligencias previas realizadas por el Seprona, revelaban que se podían haber producido supuestos incrementos de patrimonio no justificados en el entorno familiar de Marín, que podría haber manejado fondos en metálico para fines comerciales.

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