El fiscal ve indicios de delito en un contrato de la Diputación y manda el caso a un juzgado

La Fiscalía de Málaga ve indicios de delito en el procedimiento de concesión para la compra de dos vehículos contra incendios llevado a cabo por el área de Servicios Intermunicipales de la Diputación Provincial de Málaga y denunciado por el PP el pasado octubre. En concreto, el Ministerio Público cree que podría existir tráfico de influencias en esta operación, valorada en 360.000 euros, y ha remitido el expediente a un juzgado para que compruebe los hechos y los presuntos responsables.

El escrito, firmado por Manuel Villén como fiscal jefe en funciones, insta a tomar declaración al representante legal de la empresa Albatros Promotora Empresarial, presuntamente favorecida, y a los miembros de la mesa de contratación.

La Fiscalía abrió diligencias tras la denuncia presentada a finales de octubre por el portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado. La historia se remonta a mayo de 2007. El día 19 se abrieron las plicas para la contratación del suministro de cuatro lotes de vehículos contra incendios por un importe total de un millón de euros, al que optaron cuatro empresas. En junio, el entonces jefe del servicio de Protección Civil, Juan Conesa, propuso en un informe que los tres primeros lotes (siete vehículos por un importe total de 640.000 euros) fueran adjudicados a las empresas Albatros e Iturri. Ésta última también se quedó con el cuarto lote, el que fue denunciado.

Sólo cuatro días más tarde, según el expediente estudiado por la Fiscalía, Albatros remitió un escrito al diputado Cristóbal Guerrero en el que "efectúa diversas consideraciones sobre la valoración efectuada por el Servicio de Protección Civil". Llegados a este punto, la Fiscalía recuerda que la apertura de proposiciones por parte de la mesa de contratación es un acto público, pero no los informes de valoración, por lo que "es evidente que dicho informe fue facilitado de forma irregular a la representación de Albatros".

Un día después de que el escrito de esta empresa llegara a la Diputación, se reunió la mesa de contratación, presidida por el diputado del área de Servicios Intermunicipales, Cristóbal Guerrero (PSOE), y se pidió un nuevo informe. Un mes más tarde, el cuarto lote se adjudicó a Albatros, según la documentación aportada por el PP a la Fiscalía.